Tres expolicías y un exsecretario judicial comenzaron a ser juzgados en Santa Fe por crímenes de lesa humanidad cometidos en 1980 durante la última dictadura militar. El proceso tiene una característica inédita: por primera vez se abordarán delitos cometidos específicamente contra niños y niñas en el marco del terrorismo de Estado.
El debate oral empezó este martes ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe y tiene como imputados a los exintegrantes del área de inteligencia de la policía provincial Eduardo Enrique Riuli, Oscar Alberto Cayetano Valdez y Antonio Parvellotti, junto al exsecretario judicial federal Víctor Hermes Brusa.
Los acusados enfrentan cargos por secuestros, tormentos, allanamientos ilegales y abandono de menores, entre otros delitos cometidos contra 34 víctimas en distintas localidades santafesinas y también en la ciudad bonaerense de Lima.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, los hechos ocurrieron entre febrero y junio de 1980 y formaron parte del circuito represivo que operaba alrededor del Departamento de Informaciones D-2 de la Policía de Santa Fe, uno de los principales centros clandestinos de detención de la provincia durante la dictadura.
La investigación sostiene que las víctimas eran secuestradas, mantenidas encapuchadas y esposadas, sometidas a torturas físicas y psicológicas y luego trasladadas a cárceles o dependencias judiciales donde eran obligadas a firmar declaraciones bajo amenazas y apremios ilegales.
Uno de los hechos más graves que se analizarán en el juicio ocurrió el 15 de febrero de 1980 en la localidad bonaerense de Lima. Allí, personal policial irrumpió sin orden judicial en una ladrillera y secuestró a Arnaldo Catalino Páez, a su esposa y al hijo mayor de la familia.
Como consecuencia del operativo, otros seis hijos del matrimonio, de entre un mes y medio y 12 años, quedaron abandonados. Según reconstruyó la fiscalía, los chicos debieron salir solos a buscar ayuda y sobrevivir como pudieron luego de encontrar su casa saqueada tras el procedimiento policial.
“La fiscalía destacó que este abandono no fue una consecuencia accidental sino una derivación directa del procedimiento ilegal”, señalaron desde el Ministerio Público Fiscal.
El juicio también aborda la persecución a trabajadores ferroviarios, militantes políticos y vecinos de Laguna Paiva, además de secuestros y torturas ocurridos en Esperanza, Santo Tomé, Ceres y otras localidades.
Entre los testimonios reconstruidos en la causa aparecen víctimas que denunciaron sesiones de picana eléctrica, golpes, simulacros de fusilamiento y cautiverios en centros clandestinos antes de ser trasladadas a cárceles federales.
El tribunal está integrado por los jueces Ricardo Vázquez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano, mientras que la fiscalía es representada por Nicolás Sacco, integrante de la Oficina de Derechos Humanos de Santa Fe.
La causa deriva del expediente conocido como “Laguna Paiva”, en el que ya habían sido condenados seis policías provinciales en 2021 por privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos agravados.
