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Este es “Sherlock”, el líder de la banda de hackers de élite que le creó antecedentes delictivos a Patricia Bullrich

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Tobías Silva es muy joven, pero sostiene sobre sus hombros una calificación bastante pesada: es considerado responsable del delito de asociación ilícita en carácter de jefe u organizador, en concurso real con los delitos de sustracción y alteración de registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario público y de acceso ilegal a bancos de datos personales, en calidad de coautor, agravado por haber intervenido dos menores de 18 años de edad. De mínima, podría recibir 5 años de cárcel.

Es, para el juez federal Adrián González Charvay, el líder de “Los Dictadores, la banda de hackers de élite que se dedicó a robar datos personales de bases gubernamentales, principalmente de RENAPER, SISA, PAMI, de ANSES y la DNRPA, para venderlos en grupos de Telegram, a través de una herramienta que permitía extraer la información en tiempo real: “Sherlocks Alerts”.

También, del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP). Incluso, Patricia Bullrich fue una de sus víctimas. Fuentes de la causa revelaron que expusieron datos sensibles de la por entonces Ministra de Seguridad (por ejemplo, su celular) en la red social X (ex Twitter). Además, le generaron antecedentes policiales apócrifos en el sistema denominado GAP (Gestión de Actuaciones Policiales), herramienta utilizada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que aclarar que la actual senadora no tiene prontuario. Su ficha, la verídica, está limpia.

A Silva también lo responsabilizan de filtrar mails de la Policía Federal Argentina -en total 70 -, teniendo acceso a cuentas de la base de datos de la plataforma institucional “MiMinseg”.

El bot creado por Silva estaba publicado en Telegram dentro de una comunidad de hackers llamada “Dictadores”. En el canal, creado para la venta del sistema de datos, además, se compartían consultas y experiencias.

El supuesto jefe hacker, a través de su abogado, postuló que la resolución se basa en “presunciones y errores interpretativos, pues –a su entender- el a quo confundió el rol de un administrador de una comunidad digital con el de un jefe criminal, y el de un desarrollador de software con el de un coautor funcional de todos los delitos cometidos por terceros”.

Fuente: Infobae

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