El Gobierno provincial y municipios acordaron trabajar en una estrategia articulada y conjunta para sostener las fiscalizaciones que permitan garantizar el estricto cumplimiento de las normas laborales por parte de los empleadores.
El secretario de Trabajo, Diego Romero, expuso ante el equipo de gobierno que en la última semana se realizó un operativo específico para la actividad de la construcción, en el que se verificó un porcentaje superior al 50% de trabajadores no registrados.
En este marco, manifestó que las áreas pertinentes del Ministerio de Educación y Trabajo avanzarán con las sanciones pertinentes en virtud de la normativa vigente, sin perjuicio de las actuaciones administrativas o judiciales que pudieran derivarse de la investigación de cada caso.
Por último, Romero explicó que el valor de las multas puede oscilar entre $186.200 y $7.448.000 por cada trabajador no registrado.
Del encuentro participaron el gobernador Raúl Jalil; los ministros de Educación y Trabajo, Verónica Soria; de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, junto a los intendentes Raúl Barot (Los Altos), Eduardo Menecier (La Merced) y Marcelo Villagrán (Hualfín).
