El Gobierno nacional oficializó este miércoles la implementación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una medida que otorgará beneficios fiscales a empleadores privados que registren nuevos trabajadores. La iniciativa quedó formalizada mediante la Resolución General 5844/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), publicada en el Boletín Oficial.
La normativa reglamenta el sistema previsto en la Ley 27.802 de Modernización Laboral y estableció una reducción de las contribuciones patronales por un plazo de 48 meses para quienes incorporen empleados bajo determinadas condiciones.
Según precisa el organismo nacional, el beneficio alcanzará a empleadores del sector privado que contraten trabajadores entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.
Qué trabajadores estarán incluidos
La resolución indica que el régimen aplicará para nuevos empleados que no hayan tenido trabajo registrado al 10 de diciembre de 2025, personas desempleadas durante al menos seis meses o monotributistas. También incluirá a quienes hayan trabajado previamente en el sector público nacional, provincial o municipal.
Entre los principales beneficios, el esquema fija una alícuota reducida del 5% para contribuciones destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), asignaciones familiares, Fondo Nacional de Empleo e INSSJP.
La resolución detalla además que las empresas deberán registrar a los nuevos empleados mediante el sistema “Simplificación Registral” utilizando el código de contratación 710, creado específicamente para este régimen.
Controles y exclusiones
El Gobierno también estableció límites y controles para evitar maniobras fraudulentas. En ese sentido, quedarán excluidos los empleadores incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
Asimismo, perderán el beneficio aquellas firmas que realicen sustituciones de personal o intenten simular nuevas contrataciones mediante cambios societarios o nuevas razones sociales. En esos casos, ARCA podrá exigir el pago de las diferencias, intereses y multas correspondientes.
La medida comenzó a regir desde su publicación en el Boletín Oficial y se aplicará para las declaraciones juradas de mayo de 2026 en adelante.
