El Gobierno creó un marco de regulación integral para los productos de nicotina —incluidos vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina (pouches)— con la publicación de la resolución 549/2026 en el Boletín Oficial. La nueva normativa pone fin al esquema prohibitivo y establece reglas para ordenar el mercado, al exigir la trazabilidad, estándares, de calidad y registro obligatorio para todos los fabricantes y comerciantes que operen en el país.
Fuentes gubernamentales dijeron que se busca dotar al Estado de herramientas concretas para controlar, fiscalizar y sancionar la venta irregular de estos productos. Según los voceros, actualmente, el circuito informal domina el mercado de productos de nicotina. Estos artículos, que se consumen de manera habitual aún cuando se venden de manera ilegal, no cuentan con trazabilidad, carecen de control sobre su composición y no tributan impuestos.
Hasta ahora, en el país regía un esquema restrictivo respaldado por la ANMAT y el Ministerio de Salud. La Disposición ANMAT 3226/2011 prohibía la importación, distribución, comercialización y publicidad de vapeadores y cigarrillos electrónicos.
En 2023, la Resolución Conjunta 565/2023 del Ministerio de Salud y la ANMAT reafirmó la prohibición sobre los sistemas electrónicos de administración de nicotina y extendió la restricción a los dispositivos de tabaco recalentado, que tampoco podían venderse ni importarse legalmente por no contar con autorización sanitaria. En cuanto a las bolsas de nicotina (pouches), no estaban hasta aquí específicamente reguladas, pero su comercialización estaba bajo alerta sanitaria y era objeto de denuncias por parte de sociedades médicas. Así, ninguno de estos productos tenía permiso legal para su venta en el país, aunque se seguían obteniendo de manera informal y sin controles oficiales.
