La tensión entre la Argentina y el Reino Unido volvió a crecer después de que el Gobierno de Javier Milei anunciara que iniciará un arbitraje internacional por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur. En respuesta, Londres convocó a la embajadora argentina, Mariana Plaza, y cuestionó la decisión al sostener que afecta los derechos y la economía de los habitantes de las Islas Malvinas.
La subsecretaria parlamentaria británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, transmitió la protesta en una reunión con la diplomática. Según expresó, el Gobierno británico considera que recurrir al mecanismo de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar constituye un intento de interferir en las actividades económicas de las islas.
“Los esfuerzos para obstruir la actividad económica legal en las Islas Malvinas no son actos de compromiso internacional responsable; son intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autónomo”, afirmó Kumaran. También puso en duda la confiabilidad de la Argentina como socio del Reino Unido.
La respuesta británica llegó después de que Milei instruyera a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar un procedimiento de arbitraje contemplado en el Anexo VII de la Convención del Mar. La decisión apunta a cuestionar la explotación de hidrocarburos en el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte.
En esa zona operan la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Las empresas prevén avanzar con el desarrollo del yacimiento y proyectan comenzar a extraer petróleo en 2028.
El lunes, el Presidente había advertido que recurriría a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar si las compañías que trabajan en las islas no detenían sus actividades en un plazo de dos semanas. El Gobierno argentino considera que la explotación de recursos en el área afecta sus derechos soberanos; la eficacia que podría tener el arbitraje, sin embargo, es objeto de debate entre especialistas.
Ese mismo día, alrededor de 40 empresas de las Islas Malvinas y de Chile participaron de una exposición comercial en Punta Arenas. El encuentro se realizó pese al esquema argentino de sanciones contra compañías que operen en el archipiélago y estuvo vinculado con las perspectivas de actividad económica que abriría el desarrollo petrolero.
En su comunicación oficial, el Gobierno argentino también denunció presuntos vuelos sin autorización entre Punta Arenas y Mount Pleasant, la base militar y aeropuerto internacional de las islas. Mencionó a la compañía Thales UK Limited, aunque la información difundida no precisó con claridad a qué vuelos hacía referencia ni indicó que hubieran sobrevolado el territorio continental argentino.
La disputa se desarrolla en un contexto de tensión diplomática más amplio. En los últimos meses, el presidente estadounidense Donald Trump hizo declaraciones sobre la posición de su país en el conflicto de soberanía y sugirió que podría revisar la tradicional neutralidad de Washington. Sus comentarios se produjeron mientras presionaba al Gobierno británico para que aumentara el gasto en Defensa.
La amenaza argentina de acudir a instancias internacionales también generó preocupación en las compañías involucradas en Sea Lion. Navitas y Rockhopper ratificaron que continuarán con el proyecto y reclamaron al Gobierno británico que responda a lo que calificaron como amenazas argentinas. Las autoridades de las islas extendieron por siete años las licencias de operación de las petroleras.
“Estamos trabajando en pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables y mantenemos un contacto muy estrecho con el gobierno de las Islas Falkland”, sostuvo un portavoz de las empresas. En otra declaración, las compañías pidieron al Ministerio de Asuntos Exteriores británico que responda a las medidas argentinas mientras ellas continúan desarrollando el proyecto.
Kumaran, por su parte, afirmó que los habitantes de las islas “han elegido libre y democráticamente su futuro” y que tienen derecho a desarrollar y administrar sus recursos naturales sin “intimidación, coerción o interferencia”. La posición británica vuelve a chocar con el reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago.
El mensaje de la funcionaria británica en X
Tras la convocatoria a la embajadora, Uma Kumaran publicó un mensaje en X en el que defendió la posición del Reino Unido y anticipó la respuesta oficial a la iniciativa argentina.
