El Gobierno de Milei avanza en la etapa final de elaboración del proyecto de juicio por jurados y prevé enviarlo al Congreso en los próximos días. Según fuentes oficiales, la iniciativa ya atravesó el análisis del Ministerio de Justicia y actualmente es revisada por los equipos técnicos de la Secretaría de Legal y Técnica antes de su presentación formal.
La propuesta forma parte del paquete de reformas institucionales que impulsa la administración de Javier Milei y retoma una iniciativa que había sido incluida en una versión anterior de la Ley Bases, aunque finalmente fue retirada durante el debate parlamentario.
El esquema original contemplaba la implementación del juicio por jurados en la Justicia Federal para delitos con penas superiores a cinco años. Además, establecía la conformación de jurados integrados por 12 ciudadanos titulares y suplentes, con representación equilibrada entre hombres y mujeres y la supervisión de un juez durante el proceso.
Mientras se ultiman los detalles del proyecto, la mesa política del oficialismo busca reorganizar la agenda legislativa para evitar superposiciones y definir el orden de tratamiento de las reformas pendientes. Entre las prioridades figuran también el denominado Súper RIGI, la ley de lobby y diversas modificaciones vinculadas al sistema judicial.
En paralelo, el Ejecutivo trabaja en nuevos nombramientos para cubrir vacantes en la Justicia. Tras la reciente aprobación de decenas de pliegos en el Senado, el Gobierno prevé enviar una nueva tanda de postulaciones para cargos en fueros civiles, comerciales y de familia.
La agenda judicial incluye además la futura reforma del Código Penal, una iniciativa que continúa bajo revisión debido a diferencias sobre el alcance de los cambios propuestos. En el oficialismo reconocen que se trata de uno de los debates más complejos que deberá afrontar el Congreso en los próximos meses.
A esto se suman otros proyectos impulsados por el Gobierno, entre ellos un paquete de desregulación económica y modificaciones a la ley de Defensa de la Competencia, ambas iniciativas que todavía permanecen en análisis técnico antes de su envío al Poder Legislativo.
