El Gobierno de Argentina envió al Congreso dos proyectos de ley vinculados a la salud mental y al control del fraude en pensiones por invalidez. Las iniciativas ingresaron con la firma del presidente Javier Milei, tras haber sido analizadas en una reunión de la mesa política convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El primero de los proyectos propone modificar la legislación vigente en materia de salud mental con el objetivo de actualizar el marco normativo y mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Según el texto oficial, la iniciativa apunta a garantizar el acceso a la atención, fortalecer las estrategias de prevención y optimizar los tratamientos y procesos de rehabilitación.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación indicaron que la propuesta busca corregir limitaciones actuales en el abordaje de situaciones de riesgo y emergencia, así como establecer criterios más claros para la intervención de los profesionales. En ese sentido, se plantea otorgar mayor protagonismo a los especialistas en psiquiatría.
Entre los cambios, se propone reemplazar el término “padecimiento mental” por definiciones basadas en estándares internacionales, incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento. Además, se redefinen los criterios para internaciones involuntarias, ampliando la noción de riesgo a situaciones graves que puedan afectar la vida o la integridad de la persona o de terceros.
El proyecto establece que la internación debe ser un recurso excepcional, sujeto a evaluaciones interdisciplinarias y con intervención judicial en plazos determinados. También amplía las posibilidades de atención en distintos tipos de establecimientos, tanto públicos como privados, y considera discriminatorio el rechazo de pacientes por motivos de salud mental.
En paralelo, el Ejecutivo impulsó una segunda iniciativa orientada a las pensiones no contributivas por invalidez. Según datos oficiales, estos beneficios crecieron significativamente en las últimas dos décadas, lo que generó cuestionamientos sobre las condiciones de su otorgamiento.
El Gobierno señaló que auditorías detectaron irregularidades, como casos sin cumplimiento de requisitos legales o médicos, y situaciones con información inconsistente. Frente a ello, el proyecto propone crear mecanismos para prevenir y sancionar el fraude, sin afectar a los beneficiarios legítimos.
Entre las medidas incluidas, se destacan auditorías periódicas, cruces de datos entre organismos públicos y la posibilidad de suspender prestaciones ante incumplimientos. Asimismo, se plantea un reempadronamiento obligatorio para actualizar la información de los titulares.
Finalmente, la iniciativa establece que la pensión por invalidez equivaldrá al 70% del haber mínimo jubilatorio y fija incompatibilidades con el empleo formal, en línea con el objetivo de ordenar el sistema y garantizar una asignación más eficiente de los recursos públicos.
