La Conferencia Episcopal Argentina eligió una fórmula de fuerte contenido simbólico y densidad institucional para pronunciarse a 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976: “Nunca más” a la violencia de la dictadura y “siempre más” a una democracia justa. No se trata solo de una consigna, sino de un encuadre político deliberado. El documento evita el señalamiento directo al gobierno de Javier Milei, pero despliega una crítica transversal al clima general de la política argentina, con énfasis en la degradación del debate público, la exclusión social y el deterioro de la convivencia democrática.
A 50 años del golpe de Estado, la Iglesia Católica argentina expresó su preocupación por el avance del autoritarismo, la polarización política y el deterioro del debate democrático, según un comunicado difundido por la Comisión Permanente del Episcopado. El mensaje alerta sobre la tendencia a la exclusión social y la fragilidad del tejido comunitario, sin confrontar abiertamente con el Gobierno nacional, pero enfatizando la necesidad de reconstruir la fraternidad como eje para el futuro.
“Vivimos una época con una tendencia creciente al autoritarismo; un tiempo en que los populismos de distinto signo explotan la angustia de los ciudadanos, pero no representan el remedio de una vida buena. Un tiempo en que va predominando una ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil, cuando la fortaleza de la democracia debería manifestarse en el cuidado a los más frágiles”. Esta definición, incluida en el documento, condensa el diagnóstico más contundente de la Iglesia sobre el presente político argentino.
El mensaje, firmado por la Comisión Permanente del Episcopado, se presenta como una intervención pública en un momento de alta sensibilidad política y simbólica. El aniversario número 50 del inicio del último régimen militar encuentra a la Argentina atravesada por una discusión abierta sobre la memoria histórica. Desde el Gobierno nacional, esa discusión incorpora —como parte de su narrativa— el accionar de las organizaciones armadas que precedieron al golpe, una lectura que complejiza el consenso construido en las décadas posteriores a la recuperación democrática. En ese contexto, la Iglesia adopta un posicionamiento institucional que no entra en la disputa directa, pero fija coordenadas normativas sobre cómo debe pensarse el pasado y, especialmente, cómo debe transitarse el presente.
El texto inicia con una definición categórica sobre el período 1976–1983, al describirlo como “una oscura noche” atravesada por el terrorismo de Estado. Afirma: “Hoy decimos de manera rotunda: «nunca más» a la violencia de la dictadura y «siempre más» a una democracia justa”. No hay ambigüedad en la condena. Además, reconoce “la gravedad de lo acontecido en esos años violentos” y sostiene que “la memoria exige una autocrítica, de la sociedad y la Iglesia presente en ella”. Inmediatamente, introduce un segundo plano de análisis: la necesidad de reconstruir la fraternidad social como condición para proyectar un futuro común.
Ese desplazamiento es central. El documento no se limita a la evocación histórica ni a la condena moral del pasado. Utiliza la memoria como plataforma para intervenir en el presente. Allí emerge su dimensión más política.
Uno de los ejes más relevantes del mensaje es la idea de una “memoria íntegra y luminosa”. La expresión, tomada del magisterio del papa Francisco, funciona como concepto ordenador. La Iglesia advierte sobre los riesgos de “mutilar la historia” y sostiene que “nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa”. En esa línea, enfatiza la necesidad de “mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió”. Este punto refuerza un consenso básico de la democracia argentina: la centralidad de los derechos humanos como límite infranqueable.
Sin embargo, el llamado a una memoria completa introduce una clave interpretativa más amplia. No se trata de una memoria selectiva ni instrumental, sino de una memoria que permita comprender la complejidad del pasado sin simplificaciones. Es una formulación que, sin confrontar explícitamente con el Gobierno, dialoga indirectamente con el debate actual sobre cómo narrar los años setenta.
El documento da un paso adicional. La memoria no aparece como un ejercicio introspectivo, sino como una herramienta orientada al presente. “Hacer memoria, en cambio, nos permite comprometernos con los desafíos del presente y orientarnos hacia un futuro mejor”, sostiene el texto. Y es en la definición de esos desafíos donde la Iglesia construye su crítica más firme.
El mensaje social y la agenda del presente
En el segundo apartado, bajo el título “Queremos ser Nación”, el Episcopado introduce una agenda social explícita. La democracia, afirma, debe orientarse al bien común y al desarrollo humano integral. No se trata de una definición abstracta. El documento advierte que “la democracia se envilece cuando deja a alguien afuera” y plantea interrogantes concretos: “mientras una parte importante de nuestro pueblo sufre la miseria, ¿cómo podemos ser felices?”. La referencia apunta a la situación social actual como un problema estructural que interpela al sistema político.
La enumeración de problemáticas —pobreza, deterioro del trabajo, vulnerabilidad de niños y jóvenes— funciona como diagnóstico del presente argentino. En ese diagnóstico hay una crítica implícita a la incapacidad del sistema político, en su conjunto, para dar respuestas sostenidas. La Iglesia no individualiza responsabilidades, pero expone el resultado: una democracia que no logra integrar plenamente a su población.
En ese punto, el mensaje episcopal se distancia tanto de una lectura puramente institucionalista de la democracia como de una visión reducida a lo procedimental. La democracia no es solo un sistema de reglas, sino una herramienta para garantizar condiciones de vida dignas. Cuando eso no ocurre, advierte la Iglesia, el sistema pierde legitimidad.
Fuente: Infobae
