Ante versiones o interpretaciones vinculadas con la intervención de los Juzgados de Familia en situaciones relacionadas con la salud mental o las adicciones, se considera necesario aclarar el alcance de las facultades judiciales en estos casos.
Las juezas y jueces no disponen por sí mismos la internación de una persona, ya que no cuentan con criterio médico para determinar si una persona requiere o no una internación.
Ante este tipo de situaciones, la Justicia da intervención a los organismos competentes del área de Salud para que se realice la correspondiente evaluación profesional. Son los equipos de Salud quienes, conforme a criterios médicos y a lo establecido por la normativa vigente, determinan si corresponde una internación y, en ese caso, disponen las medidas que correspondan.
Esta intervención resulta aplicable tanto frente a situaciones vinculadas con adicciones como ante otras problemáticas relacionadas con la salud mental.
Una vez dispuesta una internación por los organismos competentes, la intervención judicial se circunscribe al control de legalidad y de las condiciones de esa internación, conforme a lo establecido por la legislación vigente, incluyendo el control de que la medida no se prolongue más allá de lo que corresponda.
De este modo, resulta importante precisar que la decisión estrictamente médica sobre la necesidad de una internación no corresponde al Poder Judicial, sino a los organismos y profesionales especializados del área de Salud, de acuerdo con las leyes nacionales y provinciales que regulan la materia.
Esta aclaración resulta especialmente relevante para que la sociedad pueda comprender de manera adecuada cómo funciona el sistema y cuáles son las competencias de cada organismo frente a situaciones de esta naturaleza, en atención a la importancia y sensibilidad de las problemáticas vinculadas con la salud mental y las adicciones.
