La detención de la exintendenta de la Capital riojana e histórica dirigente radical, Inés Brizuela y Doria, disparó un nuevo frente de conflicto político e institucional en La Rioja. El episodio, ocurrido en la noche del jueves durante una asamblea del Colegio de Farmacéuticos, derivó en acusaciones cruzadas entre la oposición y el oficialismo provincial, y volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento de la Justicia local.
De acuerdo con lo reconstruido por medios provinciales y fuentes judiciales, la asamblea se realizaba en un clima de fuerte interna gremial, marcado por una fractura sin precedentes en el Colegio de Farmacéuticos. Brizuela y Doria participaba en calidad de abogada defensora de Jorge Bordón, vocal de la entidad, sobre quien pesa una orden judicial de restricción por una denuncia de violencia de género.
A pesar de la medida cautelar dictada por el Juzgado de Protección de Personas, que le prohibía acercarse a la presidenta del Colegio para evitar situaciones de hostigamiento, Bordón se presentó en la reunión. Esa presencia motivó el llamado a la fuerza pública y desencadenó un operativo policial dentro del recinto profesional.
Detención, acusaciones y cuestionamientos al fiscal
En el marco de las discusiones por la permanencia de Bordón en el lugar, se produjo un fuerte cruce entre Brizuela y Doria y los efectivos policiales que intervenían en el operativo. La dirigente radical terminó detenida y, según denunció luego, fue esposada y trasladada en un móvil policial, lo que generó un inmediato repudio de la UCR a nivel local y nacional.
Desde su cuenta en la red social X, la abogada habló de un “abuso de poder” y sostuvo que la medida vulneró el libre ejercicio de su profesión. Apuntó directamente contra el fiscal de la causa, Luis González, a quien acusó de haber dado una orden verbal, sin respaldo escrito, para concretar la detención. En ese contexto, afirmó que la Justicia riojana se convirtió en el “brazo ejecutor” de los intereses del gobernador Ricardo Quintela.
La respuesta de la oposición y el rol del Colegio de Farmacéuticos
Para la oposición provincial, el episodio del jueves por la noche sintetiza un clima de alta tensión política. En declaraciones públicas, referentes de Juntos por el Cambio describieron la escena como “la policía de Quintela llevándose a la vicepresidente de la UCR en un patrullero”, y enmarcaron el hecho en una serie de conflictos previos entre el oficialismo riojano y la dirigencia radical.
- El conflicto se origina en la interna del Colegio de Farmacéuticos y la denuncia por violencia de género contra un vocal.
- La detención de Brizuela y Doria se produce cuando cuestiona el alcance del operativo policial sobre su defendido.
- El caso expone, una vez más, la disputa entre el gobierno provincial y la UCR por el control de espacios institucionales.
Repudio radical y derivaciones judiciales
La Unión Cívica Radical, tanto a nivel nacional como en La Rioja, emitió comunicados en los que manifestó su “absoluto repudio” a lo ocurrido y calificó el operativo como un acto de persecución política contra quienes piensan distinto. El partido denunció el uso del aparato estatal para amedrentar a la oposición mediante procedimientos arbitrarios y exigió explicaciones al gobierno provincial.
En paralelo, Brizuela y Doria anticipó que impulsará un Jury de Enjuiciamiento contra el fiscal González y que presentará recursos para revertir la prisión domiciliaria que pesa sobre Bordón. Mientras tanto, la crisis institucional dentro del Colegio de Farmacéuticos continúa abierta y el caso comenzó a escalar hacia la Justicia nacional, donde se espera que se evalúe la legalidad de las detenciones y el impacto del conflicto en la conducción gremial de la entidad.
Con un escenario político ya recalentado por las tensiones entre oficialismo y oposición, la detención de la exintendenta se convierte en un nuevo capítulo de la disputa por el control institucional en La Rioja, con derivaciones que podrían proyectarse más allá de los límites de la provincia.
