El crimen de Eduardo Antonio Rearte, el jubilado de 74 años asesinado en su casa de barrio Tranviarios, conmocionó a Córdoba en 2024. Sin embargo, tras un juicio abreviado, los responsables recibieron una condena considerada mínima por la gravedad del caso: 11 años de prisión.
La Justicia provincial sentenció este jueves a Daniela Videla y Mauricio De la Torre, quienes confesaron haber participado del asalto que terminó con la vida de Rearte. La fiscalía había solicitado 15 años de cárcel, pero el tribunal redujo la pena al valorar la admisión del hecho y otros atenuantes.
Según la investigación, Videla había conocido a la víctima en la fila de un banco, cuando el jubilado fue a cobrar su pensión. Con el tiempo, se ganó su confianza: lo visitaba con frecuencia e incluso llevaba a su hija a la casa. Para los investigadores, esa cercanía fue parte de un engaño destinado a robarle dinero y pertenencias, muchas veces para sostener el consumo de drogas.
A comienzos de septiembre de 2024, Rearte advirtió la falta de 70 mil pesos, tarjetas y un juego de llaves, y decidió denunciarla. Para la fiscalía, ese fue el detonante del crimen.
El 16 de septiembre, Videla y De la Torre ingresaron a la vivienda del jubilado con las llaves robadas. Allí lo atacaron brutalmente, lo ataron de pies y manos, lo amordazaron y lo golpearon hasta matarlo. Luego escaparon con dinero, cuchillos y un televisor.
Horas más tarde, cuando encontraron el cuerpo, la escena fue descripta como estremecedora: Rearte estaba boca abajo, maniatado y con evidentes signos de violencia. La autopsia confirmó que había sido torturado antes de morir.
El caso llegó a la Cámara 3ª del Crimen de Córdoba bajo la figura de homicidio en ocasión de robo, un delito que prevé penas de entre 10 y 27 años. Tras el acuerdo de juicio abreviado y la confesión de los acusados, el tribunal fijó la condena en 11 años de prisión.
En el fallo, los jueces señalaron que la pena apunta a la resocialización de los condenados. En el caso de Videla, se destacó la falta de antecedentes penales y su tratamiento por adicciones; en el de De la Torre, su confesión y una vida marcada por la pobreza y el consumo desde temprana edad.
Pese a la brutalidad del crimen, el tribunal remarcó que, al existir un acuerdo entre las partes, no podía imponer una pena mayor a la solicitada por la fiscalía.
