La morosidad en los hogares ya no sólo representa una preocupación por su crecimiento progresivo, sino por las características del endeudamiento de las familias destinados a gastos corrientes. Eso llevó a un primer paso de la Cámara de Diputados para que avance un proyecto que ofrezca una modalidad de pagos y refinanciamiento de esas deudas. Actualmente, hay seis propuestas de cinco bloques, todos referenciados con la oposición al Gobierno.
Durante la reunión informativa en la Comisión de Defensa del Consumidor se expuso un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en el que se detalló que, a febrero de este año, la morosidad en entidades financieras alcanzó el 11,2% y morosidad en entidades no financieras el 29,9%, con tasas anuales (en torno al 70% para préstamos personales bancarios) muy por encima de la inflación proyectada. En ese marco, se detalló que hay 4,8 millones de personas en la Argentina con mora superior a los 3 meses, lo que representa un 45% más (cerca de 1,5 millones) con respecto a febrero del 2024.
Los expositores coincidieron en que los endeudamientos familiares se destinan a cubrir gastos corrientes, explicando que, con un IPC porteño de 209% entre noviembre del 2023 y marzo del 2026, los aumentos en necesidades cotidianas fueron muy superiores a la inflación promedio: 423% en alquileres, 539% en servicios y 447% en transporte en el mismo período. Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, definió a este proceso como “un tsunami en formación” en el que existe “imposibilidad de cubrir necesidades elementales de millones de personas”.
El diputado Hugo Yasky (Unión por la Patria), presidente de la Comisión, anticipó que habrá una segunda reunión informativa ampliando la lista de participantes a otros bloques. “Se están buscando los consensos aún no hay nada definido”, sintetizaron desde ese bloque a Ámbito.Según pudo conocer este medio, las conversaciones trascienden las bancadas y se dan intercámaras, entre senadores y diputados.
Morosidad en hogares: la posición de los especialistas
Uno de los primeros oradores de la jornada fue Arturo Pozzali, funcionario de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Buenos Aires, quien remarcó que existe “un permanente aumento de reclamos”, dado que “empieza a crecer la morosidad, llegando casi al 22%”. “Después vamos a tener que generar un salvataje para las entidades financieras”, vaticinó y, tras detallar un escenario de multiendeudamiento (deuda con tarjeta crédito en simultáneo al crédito personal y crédito hipotecario) planteó que “lo que les están complicando muchos a las familias es el concepto de mora automáticas“.
En esa línea, Ariadna Ciammarriello, funcionaria de la Oficina Municipal del Consumidor en Rosario, subrayó que la principal problemática es que existe “falta de información total de las entidades al momento de vender un producto o de refinanciar”. Luego de describir las posibilidades de refinanciamiento que se le ofrecen a los consumidor -con plazos de 90 días de mora para solicitar un plan de pagos-, apuntó que existe un esquema de “endeudamiento circular”: “Licitan deuda para pagar deuda, en donde no están cancelando ni siquiera una deuda, sino una rotación de pasivos”.
Otras de las expositoras fue la académica Alejandra Fernández Scarano, directora del CEPA y secretaria de Hacienda de Hurlingham, expresó que “no está mal que la gente acceda a los créditos, pero si un Gobierno va a tener una política para que las personas puedan acceder a los créditos, también tiene que tener una política sobre los ingresos para que la gente pueda pagar los créditos y que estos puedan ser sustentables”. “La gente tiene voluntad de pago, pero no tiene ingresos para hacerlo”, definió.
Morosidad familiar: qué proyectos existen
En la Cámara de Diputados se registraron seis proyectos que contemplan distintas estrategias para abordar la misma urgencia. La primera iniciativa interbloques en Diputados fue la encabezada por el entrerriano Guillermo Michel (Unión por la Patria), en conjunto con miembros de Encuentro Federal y Natalia De la Sota (del unibloque Defendamos Córdoba). Su proyecto apunta a la creación de un “Programa de desendeudamiento de las familias argentinas” que implica una “línea de crédito directa del ANSES para jubilados, trabajadores, monotributistas y otros beneficiarios de planes sociales” cuyo objetivo es que se cancelen sus deudas “en condiciones menos desfavorables”. El monto máximo del crédito es de $1.500.000 y en “condiciones normales de mercado” dispuesta en torno a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) más 10 puntos porcentuales.
Desde el mismo bloque, la bonaerense Natalia Zaracho y el porteño Itaí Hagman solicitaron la declaración de emergencia por dos años en materia crediticia de los hogares, impulsando que se adopten “medidas que contribuyan a aliviar la situación de sobreendeudamiento de las familias mediante auditorías, adquisición y reestructuración de deudas”. En ese marco se crearía un Régimen Esencial de Desendeudamiento, que auditaría deudas y permitiría a las personas iniciar un plan de pagos cuya cuota no podrá superar el 30% de sus ingresos.
Tres diputados del espacio acompañaron también el texto del porteño Santiago Roberto, que busca condonación de la deuda para personas con bajos ingresos, refinanciamiento del saldo y suspensión por 90 días de los procesos judiciales a deudores.
Otros 15 miembros de Unión por la Patria, encabezados por la bonaerense Roxana Monzón, elevaron una redacción para constituir el Programa Nacional de Alivio Financiero y Desendeudamiento Familiar, que se propone “facilitar la cancelación de pasivos de personas humanas y sus familias en situación de morosidad o riesgo de insolvencia” cuando se traten de artículos o servicios de consumo esencial. La propuesta pretende que las entidades y sociedades prestamistas deban “ofrecer a simple solicitud del titular la reprogramación de las deudas originadas”.
Desde Provincias Unidas, los santafesinos Esteban Paulón y Pablo Farías se abocaron a la necesidad de modificar la Ley de Concursos y Quiebras, incluyendo a los deudores de créditos de consumo como sujetos “pasibles de protección especial” y limitando la posibilidad de embargar los ingresos de aquellas personas que recayeron en morosidad en un monto que deje sus ingresos por debajo de la línea de la pobreza.
Finalmente, la bonaerense Marcela Pagano (Coherencia) presentó un proyecto integral de Ley Federal de Crédito Responsable y Desendeudamiento, que limita la posibilidad de endeudamiento, regula la publicidad crediticia, crea un sistema de alerta temprana con la infraestructura de finanzas abiertas y constituye un régimen transitorio y extraordinario de desendeudamiento.
