El expresidente paraguayo fue detenido tras su destitución mediante un juicio político y trasladado durante la madrugada de este sábado al Regimiento Escolta Presidencial, debido a las protestas frente a su vivienda. La Fiscalía lo investiga por presuntas irregularidades relacionadas con el colapso de Ueno Bank.
El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, deberá prestar declaración indagatoria este sábado 7 de noviembre, a las 11, ante el Ministerio Público, en el marco de una investigación por presuntos delitos vinculados con la crisis financiera de Ueno Bank. La citación se produjo después de su detención, ordenada el viernes tras la destitución aprobada por el Senado paraguayo.
Durante la madrugada, el exmandatario fue trasladado desde su residencia particular en Asunción hasta el Regimiento Escolta Presidencial, luego de que las autoridades consideraran que no estaban dadas las condiciones de seguridad para mantenerlo bajo arresto domiciliario.
La decisión se tomó en medio de una creciente tensión frente a su vivienda, donde se concentraron manifestantes que reclamaron su traslado a un establecimiento penitenciario. El operativo incluyó un importante despliegue policial y la salida de tres camionetas que integraban la comitiva encargada del traslado.
Durante los incidentes se registraron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales, quienes utilizaron balas de goma para dispersar a parte de los presentes.
La investigación judicial contra Santiago Peña
La causa está a cargo de los fiscales Christian Benítez y Silvia Franco, quienes acudieron el viernes al domicilio del exmandatario junto con agentes de la Policía Nacional para ejecutar la disposición fiscal que ordenaba su detención.
En una primera instancia, Peña permaneció bajo arresto domiciliario. Sin embargo, las protestas en las inmediaciones de la propiedad motivaron su posterior traslado a las instalaciones militares.
La investigación contempla posibles hechos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio, aunque hasta el momento de la publicación de la información no se había formalizado una imputación contra el expresidente.
El procedimiento quedó registrado en la Resolución Fiscal N.º 7, del 6 de noviembre de 2026, correspondiente a la causa penal N.º 92/2026, identificada como “Santiago Peña Palacios y otros s/ lesión de confianza y otros”.
En el mismo expediente figura el extitular del Banco Central del Paraguay, Carlos Dagoberto Carvallo, quien se presentó ante el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional durante la noche del viernes, después de que se ordenara su detención.
La defensa cuestionó la medida y aseguró que Peña colaborará con la Justicia
El abogado Ricardo Preda, representante legal del exmandatario, cuestionó las circunstancias de la detención y sostuvo que no existen fundamentos suficientes para solicitar una prisión preventiva.
El defensor explicó que los agentes ingresaron al domicilio con autorización del propio Peña y que posteriormente dejaron constancia de su presencia mediante un acta.
“Se va a someter como cualquier ciudadano”, afirmó Preda, quien aseguró que su cliente está dispuesto a colaborar con las actuaciones judiciales.
Asimismo, manifestó que todavía no conoce con precisión los hechos que la Fiscalía atribuye al expresidente. En ese sentido, consideró que las figuras penales mencionadas hasta el momento constituyen “enunciaciones abstractas” y señaló que espera acceder a mayores detalles durante la audiencia.
El abogado también advirtió que una eventual medida de prisión preventiva debería estar sustentada en riesgos procesales concretos, como la posibilidad de fuga o de entorpecimiento de la investigación.
A su entender, utilizar esa medida como respuesta a las manifestaciones públicas podría convertirla en una sanción anticipada. Por ese motivo, insistió en que cualquier restricción de la libertad debe responder a criterios judiciales y no a la presión social.
Una crisis financiera que derivó en la destitución presidencial
La situación judicial de Peña se desarrolla en medio de una profunda crisis institucional en Paraguay, desencadenada por el colapso de Ueno Bank y sus consecuencias sobre los ahorristas.
El viernes, el Senado paraguayo resolvió destituir al entonces presidente mediante un juicio político por mal desempeño de sus funciones. La decisión abrió una nueva etapa institucional, con la asunción de Pedro Alliana al frente del Poder Ejecutivo.
La crisis bancaria también provocó movilizaciones ciudadanas y reclamos por la recuperación de los depósitos afectados. En paralelo, el Banco Central del Paraguay comenzó a implementar mecanismos de devolución anticipada de fondos para los clientes de la entidad intervenida.
Mientras tanto, la Fiscalía deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con una imputación formal contra Peña y solicitar eventuales medidas cautelares.
La declaración prevista para este sábado será una instancia clave para conocer el alcance de las acusaciones y los próximos pasos de la investigación, en un escenario marcado por la incertidumbre política y las repercusiones del colapso bancario.
