Las pensiones no contributivas por discapacidad volverán a acreditarse este mes, y con pagos retroactivos, en cumplimiento de una cautelar judicial que frenó la suspensión aplicada durante la auditoría nacional.
Las pensiones no contributivas por discapacidad que habían sido suspendidas durante la auditoría impulsada por el Gobierno nacional comenzarán a reacreditarse durante este mes de diciembre para todas las personas afectadas.
Las fechas de cobro para el primer pago tras la restitución ya fueron definidas y contemplan también el desembolso de los montos retroactivos, un aspecto clave luego de meses de incertidumbre y tensión económica para miles de beneficiarios.
La reactivación surge a partir de una medida cautelar dictada por la Justicia, tras la presentación de un amparo, y deberá mantenerse vigente hasta que se resuelva la cuestión de fondo vinculada a la continuidad y a la legalidad del proceso de auditoría. Sin embargo, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) apeló la resolución, por lo que el escenario judicial permanece abierto.
Las acciones impulsadas por el Gobierno de Misiones
En paralelo a la disputa nacional, Misiones avanzó por su cuenta para exigir la restitución plena de las pensiones. El gobernador Hugo Passalacqua instruyó al fiscal de Estado a presentar un amparo directo ante la Corte Suprema con el objetivo de frenar la suspensión dispuesta por ANDIS y proteger a los beneficiarios misioneros.
El expediente, identificado bajo el número 2128/2025, reclama la devolución inmediata de los haberes, el pago de todos los retroactivos acumulados, la declaración de nulidad de las auditorías consideradas irregulares y la implementación de mecanismos de control “transparentes, profesionales y accesibles”.
El escenario se volvió aún más complejo tras el rechazo legislativo al veto presidencial de la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que obligó al Gobierno nacional a promulgar la norma.
La ley asegura financiamiento para el sector hasta 2026, actualiza aranceles, mejora compensaciones económicas e incrementa las remuneraciones.
En ese marco, Misiones intenta sostener un esquema de protección integral para uno de los sectores más vulnerables de la población. La combinación de acciones judiciales, decisiones políticas y trabajo legislativo busca garantizar derechos y acompañamiento en medio de un panorama nacional atravesado por tensiones institucionales y fuertes impactos sociales.
La cautelar que ordenó la restitución
La cautelar que ordena la restitución fue dictada por La Justicia federal el 20 de noviembre pasado, y determinó que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) actuó de manera irregular al suspender pensiones no contributivas en todo el país.
El reclamo judicial se enmarca en un contexto más amplio, atravesado por la causa penal que involucra al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y varios funcionarios y operadores externos investigados por el presunto manejo irregular de fondos y compras dentro del organismo.
Las organizaciones denunciaron que, desde julio, miles de titulares comenzaron a enterarse de las suspensiones de forma repentina, sin recibir notificaciones adecuadas ni contar con instancias para ejercer su derecho a defensa. También cuestionaron la metodología de las auditorías médicas aplicadas por el organismo.
En su descargo previo a la sentencia, la ANDIS sostuvo que actuó conforme a las facultades que le otorgan los decretos 698/2017 y 843/2024, y que las suspensiones se aplicaron únicamente en los casos donde no se acreditaron los requisitos médicos necesarios. El organismo aseguró además que las auditorías estaban debidamente notificadas.
Sin embargo, la Justicia rechazó los argumentos. La sentencia señaló que la ANDIS “no acreditó la existencia de actos administrativos individuales que establecieran las bajas”, lo que implica que las suspensiones se ejecutaron sin sustento jurídico y sin un procedimiento regular.
El juzgado remarcó que las pensiones no contributivas son propiedad de sus titulares y solo pueden ser suspendidas mediante un mecanismo que respete el debido proceso y la defensa en juicio. Por ello, ordenó restituir los pagos retenidos.
El fallo advierte que las interrupciones realizadas por la ANDIS vulneraron derechos básicos de un sector especialmente vulnerable de la población y subraya que cualquier auditoría o revisión futura deberá adecuarse a la normativa vigente y garantizar transparencia, notificación fehaciente y derecho a réplica.
