La Justicia avanza en la investigación contra el jefe de Gabinete y convocó a las prestamistas que financiaron sus operaciones inmobiliarias. La fiscalía busca reconstruir el origen del dinero y verificar si los acuerdos se corresponden con la capacidad económica declarada por las involucradas.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entra en una semana clave con una serie de declaraciones testimoniales. La Justicia citó a cuatro mujeres que figuran como prestamistas en la compra de inmuebles del funcionario, quienes deberán presentarse en los tribunales de Comodoro Py para explicar el origen de los fondos.
Este lunes declararán una mujer y su hija, quienes aparecen como las acreedoras de un crédito de 100.000 dólares que se otorgó al funcionario. Según consta en la causa, ese monto se respaldó con una hipoteca sobre un departamento ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco. La fiscalía analiza si el préstamo, que se pactó con una tasa de interés y un esquema de pagos, se corresponde con la situación patrimonial de las prestamistas.
Debido a esta situación, se ordenó el levantamiento del secreto fiscal y se requirió información a distintos organismos oficiales. El objetivo de la medida es establecer si las acreedoras tenían la capacidad económica real para financiar esa operación. Además, se busca determinar si los fondos pueden ser trazados y si existió una relación consistente entre sus ingresos, su patrimonio y el dinero involucrado en la transacción.
Préstamos bajo la lupa
Por otra parte, la segunda ronda de testimoniales se realizará el jueves, cuando sea el turno de otras dos testigos. Se trata de las mujeres que vendieron un departamento en Caballito al jefe de Gabinete y que, al mismo tiempo, quedaron como acreedoras de una hipoteca sobre el mismo inmueble.
El expediente judicial detalla que la operación se concretó con un pago inicial de 30.000 dólares y un saldo de 200.000 dólares a cancelar en el plazo de un año, sin intereses. Este particular esquema de financiamiento generó dudas en la fiscalía, que investiga las condiciones del acuerdo.
En este caso, la Justicia también levantó el secreto fiscal y pidió información detallada sobre la situación económica de las vendedoras para verificar si estaban en condiciones de otorgar ese tipo de financiamiento. Adicionalmente, las testigos deberán facilitar el acceso al contenido de sus teléfonos celulares, ya que la fiscalía busca relevar mensajes, audios y correos vinculados a la operación inmobiliaria.
Estas testimoniales se inscriben en una investigación más amplia que ya incluyó la declaración de otros actores, como la escribana de Adorni, y el análisis de gastos en dólares, viajes y consumos personales del funcionario. La causa se originó a partir de una denuncia que planteó inconsistencias en sus declaraciones juradas. Desde el entorno de Adorni rechazaron las acusaciones y sostuvieron que su situación patrimonial podrá aclararse con la información oficial.
