Las Islas Malvinas fueron nuevamente eje de un fuerte pronunciamiento del Gobierno nacional, que este miércoles reafirmó su histórica posición sobre la soberanía del archipiélago y anunció que utilizará todas las herramientas diplomáticas y legales disponibles para impedir el avance del proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.
La declaración oficial coincidió con el 197° aniversario de la creación de la Comandancia Política y Militar de las islas, establecida el 10 de junio de 1829 por decreto del entonces gobernador bonaerense, Martín Rodríguez. En ese contexto, la Cancillería vinculó la fecha con el 50° aniversario de la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a evitar modificaciones unilaterales mientras persista la disputa de soberanía.
Desde el Palacio San Martín remarcaron que cualquier actividad unilateral de exploración o explotación de recursos naturales en territorios en disputa resulta incompatible con el derecho internacional. La postura oficial busca reforzar los cuestionamientos al desarrollo petrolero impulsado por empresas que operan bajo licencias otorgadas por el Reino Unido.
La ofensiva contra el proyecto Sea Lion
El Gobierno argentino manifestó especial preocupación por el avance del proyecto Sea Lion, considerado uno de los desarrollos hidrocarburíferos más ambiciosos de la región. Las compañías involucradas elevaron recientemente la estimación de reservas recuperables a más de 1.000 millones de barriles, una cifra que supera ampliamente otras proyecciones conocidas en áreas bajo control británico.
En el comunicado oficial también se recordó una reciente definición del presidente Javier Milei respecto de la cuestión Malvinas. “Tal como reafirmó el Presidente de la Nación, Javier Milei, la Argentina actuará con decisión frente a las actividades unilaterales e ilegítimas que pretendan avanzar sobre recursos que pertenecen a los argentinos”, señaló el texto difundido por Cancillería.
La referencia remite al discurso pronunciado el pasado 2 de abril, durante la conmemoración de un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas, cuando el mandatario ratificó el reclamo argentino y anticipó una respuesta diplomática ante el avance de proyectos energéticos en la zona.
Respaldo internacional y diferencias con el Reino Unido
Por su parte, el vicecanciller Pablo Quirno reafirmó la estrategia diplomática nacional al sostener: “La Argentina continuará utilizando todas las herramientas pacíficas a su alcance para que el Reino Unido acceda a reanudar las negociaciones sobre soberanía”.
La cuestión volvió a adquirir relevancia internacional tras la difusión de un correo interno del Pentágono revelado por Reuters meses atrás. El documento proponía revisar el respaldo diplomático estadounidense a distintas posesiones europeas de ultramar y mencionaba específicamente a las Islas Malvinas, generando repercusiones tanto en Washington como en Londres.
La respuesta británica fue inmediata. Desde Downing Street reiteraron que la soberanía del archipiélago corresponde al Reino Unido y remarcaron que el derecho de autodeterminación de los habitantes de las islas constituye un principio central de su posición diplomática. Posteriormente, el secretario de Estado
estadounidense, Marco Rubio, relativizó el alcance del documento filtrado y aseguró que la posición de Washington no toma partido sobre las reclamaciones de soberanía de ninguna de las partes.
Los fundamentos históricos del reclamo argentino
En su declaración, la Cancillería repasó los principales argumentos históricos y jurídicos que sustentan la posición argentina. Entre ellos, destacó la aplicación del principio de uti possidetis iuris, mediante el cual el país considera heredados los derechos territoriales españoles tras la independencia de 1810.
También recordó la toma formal de posesión realizada por David Jewett en 1820 y la posterior designación de Luis Vernet como máxima autoridad política y militar en el archipiélago. Asimismo, rememoró la expulsión de las autoridades argentinas por fuerzas británicas el 3 de enero de 1833.
La posición argentina encuentra uno de sus principales respaldos en la Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la Resolución 2065, aprobada en 1965, que reconoció formalmente la existencia de una disputa de soberanía e instó a ambas partes a iniciar negociaciones para alcanzar una solución pacífica.
Ese llamado fue reiterado en numerosas oportunidades y volvió a ser respaldado recientemente por el Comité Especial de Descolonización, mientras el Reino Unido mantiene su negativa a discutir la soberanía del archipiélago.
