Informe: Multimedios El Abaucán Digital
Este fin de semana pasado, Fiambalá fue escenario de una de las manifestaciones sociales más contundentes de los últimos años, con un histórico abrazo simbólico al Río Guanchín que dejó al descubierto algo más profundo que una simple protesta: una crisis de confianza hacia quienes debían proteger los recursos naturales y no lo hicieron.
Bajo el lema “Sin río no hay agua, sin agua no hay vida”, vecinos, productores, docentes, familias enteras y sectores productivos se unieron en una sola voz para rechazar el avance de la empresa KABIL y advertir sobre el riesgo real que enfrenta el principal recurso hídrico de la región. La imagen del cordón humano rodeando el río, con una extensa bandera argentina atravesando su cauce, no fue un gesto simbólico más: fue una advertencia directa frente a lo que muchos consideran una amenaza concreta.
El reclamo, sin embargo, no apunta solo a una empresa. La indignación social también tiene destinatarios claros en el Gobierno de Catamarca y en organismos como CAMYEN S.E., señalados por amplios sectores como facilitadores de un modelo extractivo que, según denuncian, avanza sin la debida transparencia ni garantías ambientales. A esto se suma la pesada herencia de la gestión municipal anterior encabezada por la exintendenta Roxana Paulón, cuestionada por no haber impulsado marcos regulatorios firmes ni mecanismos de control que hoy serían claves para resguardar el equilibrio ambiental.
Las críticas no son menores. Lo que se denuncia públicamente es un patrón de decisiones tomadas sin participación ciudadana, sin información clara y, según sostienen vecinos y actores locales, en ámbitos cerrados que excluyeron a la comunidad de discusiones vitales. “Entre gallos de medianoche”, repiten con bronca, describiendo un proceso que consideran ajeno al interés colectivo.
En paralelo, crece la preocupación por la reciente intervención sobre los cursos de agua, particularmente la conexión entre el Río Las Lozas y el Guanchín, presentada oficialmente como una obra de progreso. Hoy, ese relato comienza a resquebrajarse frente a los cuestionamientos sobre la ausencia de estudios de impacto ambiental completos, controles técnicos suficientes y evaluaciones independientes que garanticen la calidad del agua.
Las preguntas que surgen son inevitables y, hasta el momento, no tienen respuestas públicas claras: ¿se evaluaron correctamente los riesgos ecológicos?, ¿se analizó el impacto sobre la producción agrícola?, ¿quién asumirá la responsabilidad si el daño es irreversible? La falta de información oficial alimenta la desconfianza y profundiza el malestar.
El temor no es abstracto. En Fiambalá, el agua no solo es un recurso: es la base de la economía, el sustento de las familias, la identidad de un pueblo. La posibilidad de contaminación o alteración del equilibrio hídrico pone en jaque no solo la producción agrícola, sino también el turismo y la vida misma en la región.
“KABIL no se instalará en Fiambalá” y “La cordillera fiambalense es nuestra” fueron otras de las consignas que resonaron con fuerza. No se trata únicamente de una postura ideológica, sino de una reacción frente a lo que muchos perciben como un avance sin controles suficientes ni consenso social.
En este contexto, la movilización ciudadana marca un punto de inflexión. La comunidad ha decidido involucrarse activamente y exigir explicaciones, controles y garantías. El mensaje es claro: el desarrollo no puede construirse sobre la incertidumbre ni a costa de los recursos vitales.
Fiambalá atraviesa hoy un momento clave. La tensión entre desarrollo y cuidado ambiental dejó de ser un debate técnico para convertirse en un reclamo social urgente. Y en ese escenario, la responsabilidad política, institucional y empresarial está bajo la lupa.
Porque si algo quedó claro tras el abrazo al río, es que la sociedad ya no está dispuesta a mirar para otro lado. Y que, frente a cualquier duda, eligió ponerse del lado del agua.
