La Universidad Nacional de Rosario (UNR) fue sede este lunes de una jornada académica sobre eutanasia y muerte digna, en medio de un debate que volvió a cobrar impulso en Argentina por la existencia de distintos proyectos legislativos y una campaña que reclama al Congreso una regulación sobre el final de la vida.
El encuentro, denominado “El derecho a decidir en los finales de la vida: Autonomía y Dignidad. El debate sobre la eutanasia en Argentina”, se desarrolló en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, en Moreno 750, con la participación de especialistas de distintas disciplinas. Entre los expositores estuvieron el médico obstetra y expresidente del Comité de Bioética del Hospital Italiano Mario Sebastiani; la abogada Sheila Knight; y el doctor en Antropología Social y especialista en Bioética Darío Iván Radosta.
La discusión se produce mientras en el Congreso existen distintos proyectos destinados a regular la eutanasia, aunque hasta el momento ninguno llegó a ser tratado en el recinto. En paralelo, una carta pública impulsada por la Campaña Nacional por el Derecho a la Eutanasia en Argentina reunió más de 5.400 adhesiones y reclama un “debate plural, informado y respetuoso” en el ámbito legislativo.
Durante un informe difundido en el programa Telenoche Rosario (El Tres), Knight explicó que actualmente la eutanasia no está regulada en Argentina y que provocar la muerte de otra persona o instigar o ayudar a un suicidio puede quedar alcanzado por el Código Penal. La especialista diferenció esa práctica de los derechos que ya reconoce la denominada Ley de Muerte Digna, vigente desde 2012.
Esa normativa permite, entre otras cuestiones, rechazar determinados tratamientos o soportes de asistencia vital y dejar directivas anticipadas sobre las intervenciones médicas que una persona acepta o rechaza para el futuro. “Lo que no significa la eutanasia”, aclaró Knight.
La eutanasia supone, en cambio, que un profesional de la salud administre la sustancia destinada a provocar la muerte a pedido del paciente y dentro de las condiciones establecidas por una eventual legislación. El suicidio médicamente asistido se diferencia porque es la propia persona solicitante quien se administra esa sustancia. Actualmente ninguno de esos dos procedimientos está habilitado por la legislación argentina.
Mario Sebastiani sostuvo durante la jornada que una eventual ley debería establecer un protocolo para evaluar cada solicitud. Según explicó, ese procedimiento debería considerar, entre otros aspectos, la situación clínica de la persona, la existencia de cuadros de salud mental, el tratamiento del dolor y las condiciones en las que atraviesa la etapa final de su vida.
Dario Iván Radosta, por su parte, señaló que existe una diferencia entre el debate que se desarrolla en la sociedad y su avance en el ámbito político. El especialista planteó además que la discusión involucra cuestiones vinculadas con los límites de las intervenciones destinadas a prolongar la vida y con el concepto de una vida digna en situaciones de enfermedad y sufrimiento.
La discusión también tiene antecedentes en otros países. Países Bajos y Bélgica fueron los primeros en regular la eutanasia en 2002, mientras que en América existen legislaciones o marcos jurídicos que permiten la práctica en algunos países. Uruguay fue el último de la región en aprobar una ley específica y recientemente se realizó allí el primer procedimiento bajo esa normativa.
En Argentina, distintos pacientes recurrieron en los últimos años a la Justicia para intentar acceder a una muerte médicamente asistida. Entre los casos que alcanzaron repercusión pública estuvieron los de Alfonso Oliva y Adriana Stagnaro, ambos diagnosticados con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), y el de María del Carmen Ludueña, quien murió en enero mientras aguardaba una resolución judicial sobre su pedido.
La jornada realizada en Rosario se incorporó a una discusión que hasta el momento no derivó en el tratamiento de una ley en el Congreso. Los impulsores de la campaña nacional buscan que las comisiones de la Cámara de Diputados convoquen a especialistas y representantes de distintas posiciones antes de avanzar con el análisis de los proyectos existentes.
