La Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) cuestionó la suspensión de las compensaciones económicas destinadas a cubrir boletos para personas con discapacidad, trasplantadas y pacientes oncopediátricos y reclamó una deuda por pasajes gratuitos que el Estado mantiene con las empresas de larga distancia, la cual superaría los $27.000 millones.
El conflicto se agravó luego de que la Secretaría de Transporte publicara la resolución 28/2026, mediante la cual dejó sin efecto el sistema de compensaciones para las compañías de transporte.
Desde el sector empresario sostuvieron que la medida fue adoptada en medio de una disputa judicial y denunciaron que el Estado nacional dejó de cumplir con los pagos hace más de un año.
Reclamo judicial y deuda acumulada
A través de un comunicado, CELADI aseguró que las empresas continuaron garantizando el beneficio pese a la falta de transferencias oficiales.
“El transporte de larga distancia dejó de ser considerado un servicio público tras la desregulación impulsada por el Decreto 883/24, pero las empresas siguen obligadas a absorber una carga que históricamente era compensada por el Estado”, indicaron desde la entidad.
Según detallaron, el último pago recibido correspondió a noviembre de 2024. Desde entonces, la deuda se acumuló mientras las compañías continuaron entregando más de 1,5 millones de pasajes gratuitos por año.
El conflicto sumó un nuevo capítulo el pasado 18 de mayo, cuando un juzgado federal declaró formalmente el incumplimiento del Estado nacional.
La Justicia reconoció parte de la deuda
La resolución judicial aprobó una primera liquidación de deuda por $8.753 millones, correspondiente al período comprendido entre noviembre de 2024 y abril de 2025.
Desde el sector transportista advirtieron que la situación financiera se volvió cada vez más compleja para las compañías, debido a la continuidad del sistema de gratuidad sin el respaldo económico estatal.
Las empresas remarcaron además que el esquema actual las obliga a sostener un beneficio social sin recibir compensaciones, en un contexto de desregulación del transporte de larga distancia impulsado por el Gobierno nacional.
