Las dificultades por las que vienen atravesando las provincias por los recortes en las transferencias nacionales y la baja en la recaudación propia se reflejó hoy en la decisión de otorgar un adelanto de $400.000 millones para la atención de “compromisos urgentes”, entre los que el pago de salarios aparece en el primer lugar.
La suma total no se girará de una sola vez sino a lo largo del año a las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
Asimismo, seis de esas provincias (Chaco, Chubut, Corrientes, Misiones, Santa Cruz y Tierra del Fuego) no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, por lo que el auxilio financiero en estos casos también obedece a los inconvenientes para el pago de jubilaciones.
De acuerdo con lo especificado en el decreto 219/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial, la Secretaría de Hacienda podrá disponer la cancelación de los anticipos otorgados más los intereses que devenguen con una tasa fija nominal anual del 15%, mediante la afectación de los recursos que a cada provincia le correspondiera por el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
Los anticipos deberán ser reintegrados “dentro del mes de su otorgamiento”, conforme con lo establecido en la ley Complementaria Permanente de Presupuesto 11.672.
Los adelantos financieros se resolvieron luego de que los gobernadores de las provincias mencionadas manifestaran que “se ven impedidos, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas”.
“En función de ello, resulta necesario procurar soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias por las que atraviesan un conjunto de provincias”, admite el Ministerio de Economía en los considerandos del decreto.
Esas “dificultades financieras transitorias” consisten en la imposibilidad de hacer frente a gastos impostergables como el pago de salarios al personal de las respectivas administraciones públicas provinciales, así como otras erogaciones necesarias para su mantenimiento.
Los problemas comenzaron a evidenciarse en los últimos meses por la confluencia de dos factores: la caída de la recaudación nacional por ocho meses consecutivos y, por ende, una baja de las transferencias por Coparticipación y, por otro lado, la decisión del gobierno nacional de restringir las transferencias no automáticas que, a diferencia de las primeras, no están sujetas a criterios prestablecidos de distribución.
Esa situación viene siendo señalada mes a mes por BAE Negocios, y ya a mediados de marzo se dispuso un adelanto financiero por $100.000 millones a Santa Cruz, para poder hacer frente al pago de salarios de empleados públicos y jubilaciones.
En el primer trimestre, las transferencias del Estado Nacional a las provincias, tanto las automáticas como las no automáticas, tuvieron el peor desempeño para ese período en las últimas dos décadas, con una merma en términos reales respecto del mismo lapso de 2025 de $1.559.141 millones, según los cálculos realizados por la consultora Politikon Chaco.
De esa suma total, la pérdida a valores constantes entre enero y marzo para las doce provincias a la que se le darán adelantos transitorios ascendió a $385.680 millones, es decir que los recursos que se les adelantarán para todo el año apenas alcanzan para cubrir el deterioro en las transferencias en los primeros tres meses de 2026.
Del total de $1.559.141 millones de pérdida para los 24 distritos subnacionales, $1.151.364 millones fueron por transferencias automáticas (Coparticipación, leyes especiales y Consenso Fiscal), debido a una caída en la recaudación.
Pero los $407.777 millones restantes correspondieron a transferencias no automáticas, cuyo reparto es discrecional, es decir, que no fue por una baja en la recaudación, sino por decisiones del gobierno nacional.
De esa forma, el decreto revela una paradoja, ya que el adelanto (que deberá ser reintegrado) debe darse en parte por los recortes que decidió el propio Gobierno nacional, más allá de la caída en la recaudación.
De todos modos, existe una diferencia que no puede pasarse por alto: de haberse concedido, las transferencias no automáticas no exigían una devolución, ni mucho menos el pago de intereses.
