La Secretaría de Transporte de la Nación derogó el régimen de compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte automotor de pasajeros de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, trasplantadas y pacientes oncológicos. La medida fue oficializada mediante la Resolución 28/2026 publicada este martes en el Boletín Oficial.
La normativa deja sin efecto las resoluciones vigentes desde 2018 que establecían subsidios parciales para las compañías de transporte interjurisdiccional por la emisión de boletos gratuitos contemplados en las leyes 22.431, 26.928 y 27.674.
Desde el Gobierno nacional argumentaron que el nuevo esquema de desregulación del transporte, impulsado a partir del decreto 883/2024, modificó las condiciones económicas del sector al permitir a las empresas fijar libremente recorridos, frecuencias y tarifas. Según el texto oficial, esto eliminó las razones que justificaban el sistema de compensaciones estatales.
El derecho a viajar gratis seguirá vigente
La resolución aclaró que la eliminación de las compensaciones no afecta el derecho de los beneficiarios a acceder a pasajes gratuitos en servicios de transporte de larga distancia.
En ese sentido, el artículo 2 de la medida remarcó que las empresas continuarán obligadas a otorgar boletos sin cargo a personas con discapacidad, pacientes trasplantados o en lista de espera del INCUCAI, y niños, niñas y adolescentes con cáncer, de acuerdo con la legislación vigente.
Además, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) mantendrá los mecanismos de control y fiscalización para garantizar el cumplimiento de la entrega de pasajes gratuitos.
Argumentos del Gobierno nacional
En los fundamentos de la resolución, el Ejecutivo sostuvo que el sistema de subsidios había sido creado en un contexto de fuerte regulación tarifaria y control estatal sobre los precios de los pasajes.
Sin embargo, señalaron que el nuevo marco normativo “basado en la libertad tarifaria, la simplificación normativa y la promoción de la competencia” modificó “los presupuestos fácticos y jurídicos” que sostenían las compensaciones económicas.
También indicaron que las empresas ahora cuentan con herramientas para “internalizar dentro de su estructura de costos las obligaciones legales inherentes a la actividad”, por lo que consideraron innecesario mantener el esquema de subsidios estatales.
