Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron al tribunal que condenó a Cristina Kirchner por corrupción que le llame la atención por salir al balcón de su casa en la marcha del 24 de marzo y lo exhortaron a tomar medidas para evitar alteraciones del orden público y la seguridad en su barrio, Constitución.
Los fiscales solicitaron que esta advertencia se realice “bajo apercibimiento de serle revocado el beneficio concedido” de la prisión domiciliaria.
Luciani y Mola, en un escrito que presentaron ante el Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la expresidenta, recordaron que los jueces habían dispuesto que debía “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.
El reclamo de los fiscales surgió por dos sucesos que, a su juicio, desnaturalizan las condiciones de su detención domiciliaria. El primero ocurrió el 17 de marzo, cuando la expresidenta fue convocada a los tribunales de Comodoro Py de manera presencial. Durante su salida y regreso, se registró una “llamativa concentración de personas” -según definieron- frente a su casa de San José 1111.
La fiscalía destacó que esa movilización “no fue totalmente espontánea”, sino que fue fomentada y cubierta a través de las redes sociales por La Cámpora.
El segundo hecho denunciado fue la manifestación del 24 de marzo, cuando una multitud volvió a congregarse en las afueras del domicilio cortando algunas calles. Y los fiscales dijeron que Cristina Kirchner permaneció una hora en el balcón de su casa saludando a los militantes.
Los fiscales exhibieron fotos del acto y posteos en X de La Cámpora. Y señalaron que “frente a tamaña convocatoria y la conducta asumida por la propia persona condenada nos preguntamos y se cierne una legítima duda sobre si, bajo tales condiciones, las condiciones de seguridad sobre las que la propia defensa basó su solicitud de arresto domiciliario y el Tribunal ponderó al concederle un beneficio extraordinario, se encuentran completamente aseguradas, y cuál es el rol que, en ese marco, cabe a la propia condenada”.
Luciani y Mola recordaron que ellos se habían opuesto a que les concedan el arresto domiciliario. Dijeron que estas situaciones “difícilmente sean compatibles con la obligación que asumió de adoptar comportamientos que no alteren la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.
Luciani y Mola dijeron que el “arresto domiciliario” es un beneficio “extraordinario” y se fundamenta en “la seguridad personal de la peticionante como consecuencia del intento de homicidio que la tuvo como víctima”.
Para los fiscales, las manifestaciones y la conducta de Cristina Kirchner la exponen a riesgos para su seguridad personal, contradiciendo el objetivo mismo del beneficio otorgado para neutralizar el peligro. Además, afirmaron que estos actos generan una “alteración de la circulación y normal orden del barrio”.
“Solicitamos que se tenga presente lo expuesto y que se exhorte a la condenada, Sra. Cristina Fernández, para que, en lo sucesivo, adopte las medidas que estime corresponder a los efectos de evitar situaciones que alteren el orden público y la seguridad como las que han sido descriptas, bajo apercibimiento de serle revocado el beneficio concedido”, aseguraron Mola y Luciani.
Mientras se dan estas circunstancias, la Cámara Federal de Casación analiza el temperamento a adoptar ante los reclamos de la fiscalía para que se ejecute el decomiso de los bienes de Cristina Kirchner, dispuesto en junio del año pasado, cuando la Corte dejó firme su condena.
Los jueces deben decidir si hacen lugar a los recursos de la defensa que se opone al remate de los bienes, a los que se sumaron además los reclamos de Máximo y Florencia Kirchner, pues la fiscalía hizo extensivo los pedidos de decomiso a los bienes que heredaron de Néstor Kirchner.
Fuente: La Nación – Por Hernán Cappiello
