En su segunda sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados aprobó cuatro proyectos de ley incluidos en el temario remitido por el Ejecutivo para este periodo. En este sentido, se avanzó en la modificación de la normativa que regula el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas, una reforma parcial del Código Procesal Penal vinculada a la prisión preventiva, la creación del Banco de Perfiles Genéticos Digitalizados y la implementación de una Oficina de Gestión Judicial orientada a modernizar la organización del sistema judicial.
Reforma de la ley del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas
Uno de los proyectos aprobados y sancionados definitivamente modifica disposiciones de la Ley Provincial Nº 5169, que regula el funcionamiento del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de Catamarca. La iniciativa busca actualizar los requisitos para el ejercicio profesional dentro del campo de las ciencias informáticas y clarificar qué títulos habilitan para desarrollar estas actividades en la provincia.
El miembro informante, Germán Scolamieri, explicó que la propuesta apunta a adecuar la normativa vigente a la evolución que ha tenido el sector tecnológico y académico en los últimos años. “El proyecto tiene un objetivo claro y concreto: actualizar y precisar las condiciones para el ejercicio profesional dentro del campo de las ciencias informáticas, adecuando la legislación vigente a la realidad actual del desarrollo tecnológico, académico y profesional”, señaló.
Detalló que también se incorpora una adecuación referida al uso de denominaciones profesionales dentro del ámbito informático. Según expresó, estos cambios “no son meramente formales”, sino que buscan consolidar el marco normativo de una disciplina que tiene un rol estratégico en la actualidad. Scolamieri también destacó que la modificación permitirá resolver situaciones vinculadas al ámbito judicial, donde se requiere la participación de peritos informáticos.
Desde el bloque de La Libertad Avanza, Carlos Aibar Quintar anticipó el acompañamiento a la iniciativa, aunque realizó una reflexión respecto del rol de los colegios profesionales. “Cuando tratemos proyectos de crear nuevos colegios o consejos, tengamos en cuenta que en algunas circunstancias se amerita y en otras no, y puede terminar pasando lo que pasó con este consejo, donde hay profesionales que no pueden ejercer su profesión, sobre todo en el ámbito del Estado”, dijo.
Cambios en el Código Procesal Penal
Durante la sesión también se otorgó media sanción al proyecto remitido por el Ejecutivo que propone modificar parcialmente el Código Procesal Penal de Catamarca, específicamente en los artículos vinculados a la prisión preventiva y las medidas de coerción personal. El miembro informante, Exequiel Moreno, explicó que la iniciativa tiene como finalidad incorporar criterios más precisos para evaluar los riesgos procesales al momento de dictar medidas cautelares.
“La iniciativa tiene el objetivo de dotar al sistema de justicia penal de criterios más precisos, transparentes y razonables para la adopción de medidas de coerción personal, especialmente la prisión preventiva”, señaló e indicó que la reforma introduce tres artículos por los cuales se establecen parámetros orientadores para que los jueces puedan evaluar con mayor claridad situaciones como el peligro de fuga o el riesgo de entorpecimiento de la investigación.
El legislador subrayó que la propuesta no altera el carácter excepcional de la prisión preventiva ni implica la creación de nuevas figuras penales. “La prisión preventiva continúa siendo una medida de carácter excepcional que debe ser dispuesta mediante resolución judicial debidamente fundada. El proyecto no debilita las garantías constitucionales, sino que contribuye a fortalecer la calidad institucional del proceso penal”, afirmó.
Por su parte, Luis Fadel (UCR) destacó el trabajo realizado en comisión y la participación de representantes del Poder Judicial durante el análisis de la iniciativa y señaló que el proyecto toma como referencia el Código Procesal Penal de Córdoba, que incorporó disposiciones similares en 2016. “Cuando exista la posibilidad concreta de que una persona pueda evadir o intentar evadir su responsabilidad penal, la nueva redacción del artículo 280 resulta más exacta en cuanto a la determinación de ese concepto”, indicó para destacar que la reforma incorpora la figura de la reiterancia, lo que permite abordar situaciones vinculadas a la comisión reiterada de delitos.
Creación del Banco de Perfiles Genéticos Digitalizados
Otro de los proyectos aprobados con media sanción establece la creación del Banco de Perfiles Genéticos Digitalizados, una herramienta destinada a fortalecer las investigaciones judiciales mediante el uso de datos genéticos con fines identificatorios. La miembro informante, Natalia Ponferrada, explicó que a través de la iniciativa se busca optimizar los procesos de investigación penal y mejorar la capacidad del sistema judicial para esclarecer delitos.
“La implementación de un Banco de Perfiles Genéticos Digitalizados implica un avance significativo en la administración de la justicia y permitirá dotar a las investigaciones penales de una mayor precisión, optimizando tiempos y recursos”, señaló. Entre los objetivos del Banco de datos, mencionó la posibilidad de contribuir al esclarecimiento de investigaciones, identificar personas desaparecidas o extraviadas y mejorar los procesos de identificación. El proyecto establece que el banco estará a cargo del laboratorio satélite forense del Ministerio Público Fiscal y que funcionará con marcadores genéticos neutros, utilizados exclusivamente con fines identificatorios.
“La información almacenada se limita exclusivamente a marcadores genéticos neutros, excluyendo cualquier dato sensible sobre enfermedades, predisposiciones genéticas o características hereditarias”, detalló y comentó que Catamarca se encuentra entre las pocas provincias del país que aún no cuentan con una base de datos genética de estas características.
Durante el debate, Aibar Quintar consideró que el “proyecto hace a la modernización de la investigación de los crímenes en la provincia y, junto con el resto de los proyectos enviados a extraordinarias, creo que estamos dando un paso en mejorar el sistema judicial”. El legislador también hizo referencia a la necesidad de asegurar recursos para su funcionamiento.
Oficina de Gestión Judicial
En tanto, la Cámara aprobó con media sanción el proyecto que crea la Oficina de Gestión Judicial, una estructura destinada a reorganizar el funcionamiento del Poder Judicial mediante un sistema de gestión asociada. La miembro informante, María de los Ángeles Herr, señaló que la propuesta responde a la necesidad de modernizar las estructuras judiciales y mejorar la prestación del servicio de justicia: “Responde a la necesidad imperiosa de modernizar las estructuras judiciales para brindar una respuesta más ágil, eficiente y transparente a la ciudadanía”.
El proyecto habilita al Poder Judicial a implementar un sistema de gestión asociada integrado por oficinas de coordinación estratégica y de gestión administrativa que asistirán a los magistrados en la organización de los procesos judiciales. Herr comentó que el modelo tradicional de funcionamiento de los juzgados resulta insuficiente frente a la complejidad de los procesos actuales “donde el magistrado debe atender simultáneamente las decisiones jurisdiccionales y la administración cotidiana de la oficina”.
En ese sentido, detalló que la nueva estructura permitirá que los jueces se concentren en su función jurisdiccional, mientras que las tareas administrativas serán asumidas por oficinas especializadas. “Tareas como la administración del expediente digital, la organización de la agenda de audiencias y el despacho simple quedarán en manos de una estructura profesionalizada, optimizando los tiempos procesales”, precisó y aclaró que la reforma no modifica las garantías fundamentales del proceso ni altera el principio de juez natural.
Desde La Libertad Avanza, Valentina Reynoso anticipó el acompañamiento a la iniciativa y remarcó que uno de los principales reclamos ciudadanos respecto del sistema judicial es “la lentitud de los procesos. Muchas causas se prolongan durante años y las víctimas esperan respuestas que tardan demasiado en llegar”. A la vez, valoró que el proyecto busca mejorar la organización del trabajo judicial “separando las funciones administrativas de las funciones jurisdiccionales para que los magistrados puedan concentrarse en su función principal que es resolver conflictos y garantizar justicia”, afirmó.
Finalmente, evaluó que la creación de nuevas estructuras dentro del Estado debe contemplar el impacto presupuestario. “Esperamos que la implementación de esta oficina se realice con criterios de austeridad, priorizando la correcta utilización de los recursos ya existentes”, concluyó.
