La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsaba el oficialismo y que llegaba con media sanción del Senado de la Nación. No le sobró nada al bloque de La Libertad Avanza y no solo eso, sino que en el camino tuvo que reincorporar una ley para poder avanzar.
La pantalla mostró que la votación obtuvo 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. El dato fundamental es que la abstención de los 6 diputados de Córdoba fueron los que le dieron el triunfo en la votación al Gobierno.
Pero el punto fundamental es que en el medio del debate el bloque de LLA tuvo que ceder en un punto bastante álgido que es la venta de tierras a extranjeros, la ley que buscó derogar la Casa Rosada. En el medio de este debate se “coló” la eliminación del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
En este cruce de debates el bloque de La Libertad Avanza decidió ceder la ley para proteger el DNU 70, por lo que de la mano de los que votaron en contra y buscaron eliminar -LLA, PRO, UCR-, se reincorporó la vigencia de la ley de tierras de la administración kirchnerista de 2011. En el Senado ya había recortado el capítulo sobre uso de tierras tras incendios, es decir, con esto La Libertad Avanza reincorpora la totalidad de la ley K sobre la venta de tierras.
Con este cambio el proyecto de ley deberá volver al Senado de la Nación en donde la Cámara Alta deberá votar si acepta el proyecto con los cambios que introdujo Diputados o si vuelve a votar el texto original.
Pero lo que se votó es el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que entre otros puntos establece requisitos más duros para que el Estado pueda llevar adelante expropiaciones. En este punto exige que el bien a expropiar tiene que tener una declaración de utilidad pública, además se establece que se tiene que hacer un pago previo de indemnización a valor de mercado. Pero, además de establecer que tiene que ser el valor que fija el mercado señala que se tiene que hacer un reconocimiento del lucro cesante. Los críticos de la norma señalan que ahora será muchísimo más complejo para que el Estado pueda llevar adelante una obra pública que requiera la incorporación de propiedad privada.
