Cuatro integrantes del Grupo de Intervención Rápida (GIR) de la Policía de Corrientes fueron condenados a diez años de prisión por ser coautores de la muerte de Lautaro Rosé (18), quien en noviembre de 2021 18)se ahogó en el río Paraná tras una persecución a tiros. El juicio terminó en forma escandalosa porque el fiscal Carlos Lértora se negó a acusar a los seis policías procesados y de esa forma facilitó que dos de ellos fueran absueltos de los delitos de apremios ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público, pese las pruebas existentes.
No conforme con facilitar la impunidad del hecho, Lértora pidió que el principal testigo y amigo de la víctima fuera investigado por el delito de falso testimonio, lo cual fue descartado por el Tribunal Oral Penal 1 correntino.
Los jueces Ana del Carmen Figueredo, Darío Alejandro Ortiz y Oscar Ignacio Dubrez tuvieron que apelar al alegato del querellante Hermindo González para evitar que el caso quedara impune. El Tribunal halló culpables a cuatro policías del delito de abandono de persona agravado por el resultado muerte y supeditó el cumplimiento de la pena a que el fallo quede firme.
La sentencia recayó sobre Carlos Alberto Prieto, Sergio Iván Barberán Robledo, Omar Guillermo Aguirre y Maximiliano Leonel Romero, quienes fueron considerados los responsables de la muerte Lautaro, ocurrida la madrugada del 8 de noviembre de 2021, en la capital correntina.
Estos cuatro no quedaron detenidos tras conocerse el veredicto aunque deberán cumplir una serie de medidas de conducta como fijar domicilio, presentarse todos los meses ante el Tribunal y no abandonar la provincia sin autorización judicial.
Otros dos oficiales, Juan Daniel Aveiro y Vicente Manuel Pruyas Suárez, estaban acusados de haber detenido ilegalmente y sometido a una feroz golpiza a Ismael Meza, el joven que esa noche acompañaba a Lautaro cuando este se arrojó al agua para evitar la brutalidad policial.
Lautaro estaba con un amigo que también se arrojó al río para escapar de los policías que les disparaban postas de goma.
Según la reconstrucción que realizó la Justicia, en la noche del 7 de noviembre de 2021, Lautaro y su amigo Ismael se dirigieron hacia la Costanera de la ciudad de Corrientes, donde se realizaba una celebración por día del empleado municipal. Pasada la medianoche, varios patrulleros fueron enviados al lugar luego de producirse algunas peleas.
La llegada de los policías del GIR derivó en la fuga de muchas personas, entre ellos los dos amigos, que fueron perseguidos por los oficiales.
Ante esta situación, los chicos se dirigieron hacia la zona de la playa Arazaty, treparon un alambrado del Club Boca Unidos y llegaron a una zona de barrancas y escombros. Allí fueron nuevamente sorprendidos por los policías del GIR, que empezaron a dispararles con postas de goma, situación que los obligó a tirarse al río.
A los pocos segundos, Lautaro comenzó a gritar pidiendo auxilio porque no sabía nadar. Ismael también clamó ayuda para su amigo, pero los policías continuaron disparando mientras buscaban el blanco con sus linternas.
Ismael pudo llegar a la costa, donde los policías lo esposaron y le propinaron una paliza. Los pedidos de ayuda de Lautaro cesaron y los oficiales amenazaron al detenido para que no revelara nada de lo ocurrido. Y si alguien le preguntaba por qué estaba mojado debía decir que se había metido al río para rescatar una pelota de fútbol.
Luego, los policías del GIR entregaron al detenido a una patrulla para que lo trasladaran a una comisaría, pero los jefes de guardia se negaron a recibirlo sin un acta y un examen médico, ya que estaba muy golpeado. Tras amenazarlo con terminar como Lautaro, finalmente lo liberaron.
En la zona donde desapareció Lautaro se hallaron las zapatillas de la víctima y también cartuchos antitumultos que habían descartado los policías tras dispararle a los dos chicos cuando estaban en el agua.
La muerte de Lautaro generó una serie de marchas en reclamo de justicia de sus familiares y amigos en Corrientes Capital.
Durante el juicio, el abogado de la familia de la víctima pidió que los policías fueran condenados a 20 años de cárcel por ser coautores de la muerte de Lautaro y que se los detuviera inmediatamente para que comenzaran a cumplir la pena.
Lértora -tiene aprobada su jubilación hace casi dos años y sigue en funciones- sostuvo que participó del debate contra su voluntad y que no estaba de acuerdo con el trabajo realizado por el fiscal de Instrucción Gustavo Robineau y que las pruebas eran insuficientes. En base a eso desistió de acusar a los policías.
“La decisión del fiscal Lértora de no acusar impidió que los policías fueran condenados por los delitos de apremios ilegales e incumplimiento de los deberes de funcionario público” señaló el abogado González y añadió: “Si la familia no se hubiera constituido en querellante, el caso hubiera quedado impune”.
Fuente: Clarín
