El Gobierno nacional está intensificando su estrategia de reducción del personal estatal con el objetivo de ajustar aún más su estructura burocrática. El ajuste, que ya ha eliminado más de 53.000 puestos desde el inicio de la gestión, busca ampliar un 10% más el recorte, lo que implicaría la eliminación de alrededor de 28.000 puestos adicionales en el sector público.
El foco principal de esta nueva etapa está puesto en los organismos descentralizados y las empresas del Estado, que concentran una gran parte de los empleados públicos. Según el último informe del INDEC, la dotación total del sector público nacional asciende a 282.570 empleados, por lo que alcanzar el objetivo de recorte del 10% implica una reducción de aproximadamente 28.000 puestos de trabajo en el próximo año. De esta cifra, alrededor de 15.000 a 16.000 corresponden a organismos descentralizados, mientras que las empresas públicas deberán aportar unas 12.000 a 13.000 bajas.
En declaraciones a la prensa, desde la Casa Rosada aseguran que “quedan muchas áreas por recortar, pero hay que hacer un trazado fino”, lo que ha generado algunas tensiones dentro del gabinete, especialmente por la reducción obligatoria de los empleados contratados que generó malestar el año pasado.
El Gobierno ha aclarado que no se busca el cierre masivo de entes, sino una reorganización funcional, eliminación de áreas duplicadas y la no renovación de contratos. A pesar de que la administración centralizada, como ministerios y secretarías, tiene margen limitado para el ajuste, los organismos descentralizados y las empresas públicas concentran el grueso de las reducciones.
Por su parte, la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) ha reaccionado ante la posibilidad de nuevos despidos y anunció que podría adelantar el paro nacional previsto para cuando se trate la reforma laboral en el Congreso. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, expresó: “El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre”.
El ajuste, denominado “motosierra 2.0”, está siendo coordinado por la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Desregulación, con el objetivo de consolidar el congelamiento de ingresos y optimizar los recursos del sector público. El Gobierno prevé que el recorte continuará de manera gradual durante los dos primeros trimestres de 2026, en un contexto de presión por parte de los sindicatos y posibles reacciones sociales.
