Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se negó a declarar ante la Justicia Federal por un presunto esquema de corrupción. La investigación detectó nuevas adjudicaciones direccionadas de $75 mil millones en medicamentos e insumos, que beneficiaron a empresas vinculadas a funcionarios del organismo.
El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se negó a declarar este martes, el 28 de abril de 2026, en el inicio de una nueva ronda de indagatorias. Lo investigan por un presunto esquema de corrupción que se montó en el organismo durante su gestión. Spagnuolo, quien fue abogado del presidente Javier Milei, se presentó ante el fiscal Franco Picardi y funcionarios del Juzgado Federal N° 11. Tras una hora, buscó evitar a la prensa. Solo dijo que “esta no es la única oportunidad” que tendrá para declarar.
Posteriormente, Daniel María Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud y considerado el “número dos” de la ANDIS, también se negó a declarar. Tanto Garbellini como Spagnuolo ya están procesados en este expediente, y la Cámara Federal porteña revisa esa decisión. Las defensas preparan descargos escritos para incorporar a la causa en los próximos días. A pedido del fiscal Picardi y su par de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo ordenó ampliar las indagatorias de Spagnuolo, Garbellini, el lobista Miguel Ángel Calvete, Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich. Estos últimos tres son empresarios con injerencia en la ANDIS.
Calvete, señalado como el principal lobista de la trama, se encuentra preso en la cárcel de Ezeiza por proxenetismo. Declarará el miércoles de forma virtual, por Zoom, y no asistirá a tribunales debido a su deteriorado estado de salud. Actualmente, Calvete está alojado en el pabellón psiquiátrico PRISMA. En total, 35 imputados desfilarán por Comodoro Py durante abril y mayo para sus respectivas indagatorias.
Las acusaciones centrales
La acusación principal plantea que los imputados formaron parte de una asociación ilícita que cometió ilícitos en detrimento de la administración pública. Según dictaminó el fiscal Picardi junto a la PIA, manipularon procesos de contratación pública para la provisión de medicamentos e insumos PACBI del Programa Federal Incluir Salud. Los investigadores sostuvieron que simularon la competencia entre oferentes y direccionaron adjudicaciones a empresas previamente seleccionadas. Esta maniobra resultó en beneficios económicos ilegales y la entrega de dádivas a funcionarios.
Las contrataciones fraudulentas se vincularon con la adquisición de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia en diversas categorías. Entre ellas figuran amputaciones, audífonos, cardiología, implantes auditivos, neurología, sillas/andadores y traumatología. Estos productos se caracterizan por su elevado costo o por requerir tratamientos prolongados, como cirugías de alta complejidad o medicamentos biológicos para enfermedades raras y crónicas. La provisión de estas prestaciones estaba a cargo del Programa Incluir Salud de la ANDIS y estaba destinada a beneficiarios de pensiones no contributivas sin otra cobertura de salud, especialmente a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.
Los fiscales detallaron que la organización utilizó un sistema irregular de contratación que contravenía la normativa vigente. El esquema permitió el direccionamiento de los procesos de compra, la cartelización, la discrecionalidad en la distribución de pagos y la violación de principios legales como la publicidad, la transparencia y la concurrencia de oferentes. Un elemento clave en la maniobra fue el uso direccionado del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en la ANDIS en junio de 2024. A través de este sistema, canalizaron las compulsas de precios de medicamentos e insumos PACBI, y manipularon las contrataciones en beneficio de droguerías y firmas proveedoras “amigas”, vinculadas a los miembros de la organización. Esto les permitió obtener sumas millonarias.
Millonarias adjudicaciones
Para ejemplificar, en el rubro de medicamentos implementaron un sistema de compulsas de precios “especial” al que solo invitaron a un grupo reducido de firmas: Profarma SA, Génesis SA, Floresta SA y New Farma SA. Dos de estas empresas habrían actuado como competidores simulados, y distribuyeron de antemano las asignaciones. Simularon una competencia inexistente. Esto llevó a la obtención de 21 licitaciones “acotadas” por un total de $30.337.220.919,77. Principalmente adjudicaron estas licitaciones a Profarma S.A. y Génesis S.A., que recibieron el 93,11% de estos procesos entre julio de 2024 y agosto de 2025.
En el rubro de implantes cocleares, audífonos e insumos relacionados, New Farma S.A. y Floresta S.A. obtuvieron el 51,67% de los $13.328.004.541 adjudicados en 2025 (hasta agosto) y el 50,36% de los $5.117.817.946 adjudicados entre septiembre y diciembre de 2024. Esto suma un total de $9.514.743.020, según consta en la causa.
La acusación completó la maniobra con coimas a funcionarios de ANDIS a cambio de permitir las contrataciones en favor de intereses particulares. Además, garantizaban agilidad y prioridad en los cobros.
