Tras varias semanas de discusión pública, idas y vueltas políticas y la circulación de borradores que despertaron elogios y fuertes críticas, el Gobierno nacional presentó este martes su proyecto definitivo de “Ley de Libertad Educativa”.
La iniciativa, de 43 páginas, propone derogar la normativa aprobada en 2006 y reemplazarla por un nuevo esquema que otorga mayor protagonismo a las familias, habilita modalidades alternativas de enseñanza y promueve un control más estricto de los gastos educativos.
Aunque mantiene la mayoría de los artículos presentados inicialmente, el proyecto incluye modificaciones que desactivan algunos de los puntos más conflictivos. En paralelo, incorpora una novedad esperada: la creación del Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), una evaluación voluntaria dirigida a los estudiantes que finalizan el nivel medio.
La propuesta del Gobierno redefine el rol del Estado en materia educativa, busca ampliar la autonomía de las escuelas y establece un sistema de mayor transparencia en el financiamiento y en la publicación de indicadores de desempeño institucional.
Educación en el hogar, financiamiento por demanda y rol de las familias
Uno de los aspectos más relevantes de la Ley de Libertad Educativa es la habilitación explícita del “homeschooling” o educación en el hogar. Aunque la práctica existe de manera informal en el país, su reconocimiento legal no estaba previsto en la legislación vigente.
El proyecto señala que se reconocen “formas alternativas de enseñanza” para estudiantes que no asisten regularmente a escuelas de Educación Básica. Entre ellas, incluye la “educación en el hogar, dirigida por los responsables parentales o tutores”, quienes podrán impartir contenidos directamente o delegarlos en personas designadas por la familia.
Los estudiantes que opten por esta modalidad deberán inscribirse en el sistema educativo y rendir evaluaciones obligatorias para acreditar conocimientos. El objetivo, según el texto, es garantizar el derecho a aprender sin obligar a la escolarización tradicional.
La iniciativa también habilita mecanismos de financiamiento por demanda —una de las banderas centrales de la campaña presidencial de 2023— aunque sin mencionar directamente la palabra “voucher”.
En el artículo 83 se establece que el Sistema Nacional de Educación podrá implementar “vales, becas, créditos fiscales u otros instrumentos equivalentes” destinados a las familias, con el fin de asegurar la libre elección de institución educativa.
Este esquema, de implementarse, representaría un cambio estructural en la forma en que el Estado distribuye los recursos, que hoy son asignados directamente a las escuelas.
Consejos de Padres y participación en la gestión escolar
El proyecto también crea los Consejos Escolares de Padres en todas las escuelas estatales. Estos organismos tendrán funciones de asesoramiento, supervisión y rendición de cuentas en asuntos estratégicos, además de participar en los procesos de contratación y remoción del director.
La propuesta plantea que la función directiva deberá contar con una formación específica orientada a las tareas de conducción escolar, lo que refuerza la idea de profesionalizar la gestión institucional.
La incorporación de los Consejos de Padres forma parte del enfoque general del proyecto, que coloca a las familias en un rol protagónico en la evaluación y la toma de decisiones dentro del sistema educativo.
Publicación de resultados escolares y transparencia
Otro punto significativo del proyecto es la habilitación para publicar los resultados de pruebas estandarizadas por cada escuela, algo que actualmente está prohibido por ley. La norma propone que la autoridad educativa nacional publique todos los años —en un portal de acceso público— información desagregada por institución, incluyendo los resultados de evaluaciones censales.
La intención oficial es que las familias puedan comparar el desempeño escolar y tomar decisiones informadas al elegir una institución. Sin embargo, críticos del proyecto señalan que esta medida podría profundizar desigualdades entre escuelas y generar rankings que no contemplen el contexto social de cada institución.
El examen ENES: evaluación al finalizar la secundaria
Entre las novedades del proyecto aparece el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), una propuesta que había sido mencionada en la primera ley Ómnibus de 2023 pero que luego quedó en suspenso.
El texto establece que el ENES será voluntario y estará dirigido a estudiantes que finalizan la secundaria en todas sus modalidades. La prueba integrará contenidos de Lengua, Matemática, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Humanidades, en línea con los contenidos mínimos nacionales.
El examen también podrá ser rendido por egresados en años posteriores. Aunque no será obligatorio para obtener el título secundario, el Gobierno sostiene que funcionará como un indicador académico para universidades y empleadores.
Evaluación docente y auditoría de universidades
La Ley de Libertad Educativa incorpora por primera vez un sistema de evaluación docente periódica. El proyecto prevé que los docentes sean evaluados “al menos cada cuatro años”, aunque no detalla los instrumentos, criterios o consecuencias de dichas evaluaciones. Este punto generó preocupación en sectores sindicales, que ven en la medida un posible mecanismo de presión laboral.
También se establece un esquema de auditoría para las universidades públicas. El control externo estará a cargo de la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y el Ministerio de Capital Humano, con equipos dedicados especialmente a estas tareas.
Las instituciones deberán desarrollar mecanismos internos de transparencia que garanticen un uso adecuado de recursos y bienes públicos.
Lo que quedó fuera del proyecto
En la versión final del texto no se incluyeron dos puntos que habían generado fuerte rechazo:
-La habilitación de educación religiosa en escuelas estatales.
-La obligación de que el Estado financie a escuelas privadas con el mismo monto por alumno que a las estatales.
-Ambas propuestas habían recibido críticas de especialistas, docentes y legisladores, lo que llevó al Gobierno a retroceder.
Fuente: Clarín
