Después de casi seis años de demoras, planteos y pericias pendientes, el Tribunal en lo Criminal N°3 de Mercedes, provincia de Buenos Aires, iniciará la próxima semana el juicio oral contra el catequista catamarqueño Tomás Daniel Rodríguez, acusado de abuso sexual agravado contra un adolescente.
El debate, que en un principio estaba previsto para mayo de 2027 y fue adelantado, pondrá bajo análisis hechos que habrían ocurrido entre 2010 y 2012 durante retiros espirituales y misiones escolares. Según la acusación, la víctima tenía entre 15 y 17 años al momento de los presuntos abusos.
Rodríguez es oriundo del departamento Capayán y durante años desarrolló tareas pastorales y educativas no solo en el interior provincial, sino también en establecimientos de la Capital catamarqueña, donde ejerció como docente de religión y referente eclesiástico.
La causa es impulsada por la UFI N°4 de Moreno, a cargo del fiscal Federico Soñora. El denunciante, identificado públicamente como Santiago, llega a esta instancia acompañado por la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, desde donde cuestionaron con dureza los extensos plazos procesales que postergaron el juicio desde 2020.
El expediente no estuvo exento de controversias. A pesar de la gravedad de la imputación, Rodríguez mantuvo su domicilio en Catamarca y durante un período continuó ejerciendo la docencia, situación que generó preocupación y reclamos de padres en distintas comunidades educativas del interior provincial.
En abril del año pasado, la Red de Sobrevivientes difundió una alerta ante el posible retorno del docente a la actividad en el Colegio Clorinda Orellana, en Chumbicha. “Al parecer, cuando el Obispado lo apartó de sus cargos solo lo estaba resguardando, licenciándolo con goce de sueldo”, denunciaron entonces.
También en enero, la organización cuestionó su participación en eventos religiosos como la “Semana Brocheriana”, en Cura Brochero (Córdoba), donde habría intervenido tocando el órgano en celebraciones litúrgicas e interactuando con jóvenes.
Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido en un contexto de fuerte asimetría de poder, en el marco de actividades religiosas interprovinciales. El querellante describió lo sucedido como un “juego perverso” sostenido por la autoridad moral y espiritual que el catequista ejercía sobre adolescentes.
El inicio del juicio marca un punto de inflexión en una causa que generó conmoción tanto en Capayán como en la Capital y en ámbitos eclesiásticos. Será ahora la Justicia bonaerense la que deberá determinar la responsabilidad penal del imputado en un proceso que reabre el debate sobre los mecanismos de control institucional y la protección de menores en entornos religiosos.
