Como informáramos el pasado domingo 1 de marzo en nuestra página, una maniobra con supuestas promesas de empleo en proyectos mineros afecta a trabajadores de varias provincias.
El periodista sanjuanino Matías González confirmó esta mañana de martes a Radio TV Valle Viejo, que solo en San Juan unas 200 personas pagaron 200 mil pesos cada una por cargos que nunca existieron.
González, detalló: “Dos ingenieros que les prometieron trabajar en una mina en la provincia de Jujuy, pero esa promesa nunca se cumplió. ¿Cuál era el modus operandi? Estos ingenieros les pedían 200 mil pesos a cada trabajador en concepto de, primero, pagar trámites administrativos ante la UOCRA y habilitaciones. Y después un concepto de multa por ser trabajadores foráneos. Las empresas mineras siempre tratan de manejarse con contrataciones de mano de obra local y ellos al ser de otra provincia tenían que pagar ese plus. Al menos es lo que le decían estos ingenieros, que fueron identificados como Carlos Roberto Pérez y Graciana Valeria Páez. Ella, oriunda de la provincia de Catamarca, él se dice que es de la provincia de La Rioja. Una vez que ellos abonaron esos 200 mil pesos, nunca subieron a trabajar, nunca viajaron a la provincia de Jujuy. Cada vez que ellos consultaban cuándo iba a ser el momento en que les tocará radicarse o asentarse en la provincia del norte para comenzar sus tareas en la minera, los ingenieros les respondían con evasivas”.
La jujeña Silvana Guantay declaró que junto a su pareja entregó cerca de 20 millones de pesos por una licitación en Tinogasta que no se concretó, mientras la Fiscalía de Catamarca investiga el alcance del presunto fraude.
La mujer dijo a nuestra emisora que “ella es de la provincia de Catamarca, Tinogasta. Mi marido realizó la denuncia. Se la llamó a ella, pero sigue libre. Mi marido la conoce porque trabajaba en una empresa minera en Salta. Era una contratista que se llamaba Panamar. Después, la obra finaliza. Él ya no tuvo más contacto. Después apareció y armó un grupo en el cual me unió a mí. Y bueno, dijo que ella tenía obras, que ella era supuestamente ingeniera, pero no es ingeniera, porque todo eso también empezamos a averiguar y no era ingeniera. Y de una, nos unió a un grupo y nos dijo que hagamos una empresa, una constructora, que ella tenía muchas obras en Tinogasta, que tenía mucho contacto. Y así arrancó la mentira hasta que nos logró sacaros 20 millones”.
El pasado domingo, dábamos cuenta de que al menos 82 personas de la localidad cordobesa de Deán Funes denunciaron haber sido estafados mediante una convocatoria laboral inexistente para una minera en Catamarca, y se organizan para hacer una denuncia colectiva porque además se les cobró un supuesto canon de $200.000 para trámites administrativos.
La propuesta resultaba tentadora: remuneraciones de $2.500.000 mensuales más un adicional de $300.000 por tareas en zona de puna, bajo modalidad 14×14, con traslado y alojamiento incluidos.
Sin embargo, para “asegurar” el puesto, los interesados debían transferir $200.000 en concepto de un supuesto canon destinado a estudios médicos y gestiones administrativas ante la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).
La convocatoria llevaba la firma de un vecino que se presentaba como supervisor del proyecto y representante de una consultora identificada como Bomblin.
Estafados por una firma sin registros legales
Con el correr de los días, y tras concretar los pagos, los postulantes advirtieron que la firma no contaba con registros legales y que la empresa minera mencionada desconocía haber iniciado cualquier proceso de contratación.
El impacto fue aún mayor porque algunos damnificados renunciaron a sus empleos anteriores con la expectativa de incorporarse al nuevo trabajo. Además, un centro médico local habría efectuado exámenes preocupacionales, aunque ahora se negaría a entregar los resultados ante la falta de pago por parte de la supuesta consultora.
Al parecer, y según informó el canal El Doce de Córdoba, la modalidad no sería aislada: en otras provincias como San Juan, Tucumán, Jujuy y Mendoza se habrían reportado situaciones similares que alcanzarían a unas 400 personas, variando únicamente el nombre de la minera utilizada como señuelo.
Frente a este escenario, los afectados comenzaron a organizarse para avanzar con una presentación judicial en las próximas horas y lanzaron una campaña para alertar a la comunidad sobre el riesgo de transferir dinero ante ofertas laborales sin respaldo comprobable.
