Desde enero de 2023, una mujer identificada como Micaela Rearte, fue imputada por unos 30 hechos de estafa en concurso real y un juez de Control de Garantías le trabó millonario embargo.
Rearte, fue sindicada por múltiples estafas a través de denuncias penales radicadas a fines de diciembre del año 2022 en las fiscalías penales N°1 y N°5.
Un juez de garantías le trabó un millonario embargo y la Fiscalía N°1 que llevó la causa, la dejo en libertad, revocando el pedido de detención.
Una decena de damnificados, se presentaron por esos meses como querellantes, representados por el doctor Arturo Herrera Basualdo, y afirmaron que la “falsa abogada continuaba estafando”.
Las últimas denuncias registradas repetían su “modus operandi”: ofrecía terrenos a la venta, cobraba cifras millonarias, estafando a sus clientes quienes confíaban en ella por ser “abogada”.
Esta mañana de jueves se conoció la decisión de la Justicia de sobreseer a Micaela Rearte en 18 hechos de estafa.
La Cámara de Apelaciones resolvió hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por su abogado defensor, Marcos Gandini, lo que derivó en un fallo que modifica de manera sustancial el escenario judicial de la imputada.
Según el acta de veredicto, el Tribunal revocó parcialmente el auto interlocutorio que sostenía la imputación original y dispuso el sobreseimiento parcial y definitivo de Rearte en varios de los hechos investigados. Esto implica que una parte de las acusaciones quedó sin efecto, al considerar los jueces que no correspondía mantenerlas bajo los términos en que habían sido formuladas.
La resolución también confirmó parcialmente la elevación a juicio en relación a otros hechos de estafa, por lo que la causa continuará avanzando y la imputada deberá responder en debate oral por una serie de episodios que siguen firmes.
El fallo detalla que los hechos que permanecen en pie serán analizados en juicio bajo la figura de estafa en concurso real y en calidad de autora, lo que mantiene en expectativa a decenas de damnificados.
La investigación sostiene que Rearte simulaba ser abogada de una agencia de autos para generar confianza en sus víctimas, a quienes les ofrecía operaciones comerciales y venta de terrenos. El presunto engaño se habría replicado en múltiples oportunidades, generando un perjuicio económico millonario.
En este contexto, la fiscal Yesica Miranda ya había ordenado un embargo superior a los 30 millones de pesos, buscando asegurar una eventual restitución a las víctimas, que serían numerosas y con pérdidas de consideración.
Con esta resolución de la Cámara, la causa entra en una nueva etapa: mientras una parte de las acusaciones se diluye, otra se fortalece y encamina a juicio, en un expediente que promete seguir dando que hablar.
