En las últimas horas, el diputado provincial Javier Galán se comunicó con un medio de la Capital de Catamarca para dar a conocer su decisión de impulsar una iniciativa legislativa para implementar sistemas tecnológicos de inhibición y control de señal telefónica en las cárceles de la provincia de Catamarca, con el objetivo de frenar las estafas y extorsiones que se organizan desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
Sin embargo, la propuesta que Galán puede considerar original para nuestra provincia, ya fue presentada por otro diputado provincial, Juan Carlos Ledesma (UP), hace dos años. El legislador oficialista presentó el proyecto de ley para la colocación de inhibidores o bloqueadores de señal de teléfonos celulares en el Penal de Miraflores, sugiriendo además que las comunicaciones de reclusos y/o detenidos sea por medio de los teléfonos fijos.
Ledesma, argumentó en febrero de 2024 que con esta medida se pretende controlar la utilización de teléfonos por parte de los internos penales en la provincia porque con esta modalidad no solo se realizan estafas sino que muchas otras veces hay “aprietes a civiles, jueces y fiscales”.
En similar sentido, sin mencionar la idea original de Ledesma, ahora Javier Galán manifestó su preocupación ante la creciente modalidad delictiva que funciona como verdaderos “call centers” desde las cárceles, donde internos, utilizando teléfonos celulares ingresados de manera ilegal, llevan adelante maniobras fraudulentas que generan perjuicios económicos millonarios y afectan especialmente a trabajadores, jubilados y familias vulnerables.
El diputado Ledesma detalló hace dos años su anhelo de que, al instalar en forma permanente inhibidores de señal de telefonía celular en el Servicio Penitenciario Provincial, se pueda atacar “un flagelo que vive toda nuestra provincia y que no es ajena al resto del país, como es la de las estafas telefónicas que en la gran mayoría de las veces se realizan desde el Penal donde los presos tienen acceso a teléfonos celulares, por ello es imperioso la instalación de inhibidores o bloqueadores de señal”.
En las últimas horas, Galán se expresó en el mismos sentido, al señalar que “el sistema de inhibición y control de señal permitiría desarticular estas organizaciones delictivas, cortar de raíz las estafas telefónicas y garantizar que las unidades penitenciarias cumplan su verdadera función: la ejecución de la pena y no la continuidad del delito”.
