El Gobierno nacional avanza con una propuesta para reemplazar la actual Ley de Etiquetado Frontal, sancionada en 2021, y adoptar un nuevo esquema de advertencias nutricionales alineado con los estándares del Mercosur. La iniciativa ya comenzó a tomar forma en el Congreso con un proyecto presentado por legisladores oficialistas y aliados.
La normativa vigente obliga a que los alimentos incluyan octógonos negros en sus envases para advertir sobre excesos de azúcar, sodio, grasas y calorías. Sin embargo, desde el oficialismo sostienen que el sistema actual no cumplió con los objetivos planteados y aseguran que genera dificultades tanto para consumidores como para empresas.
El proyecto fue presentado por los diputados Daiana Fernández Molero y Alejandro Bongiovanni, aunque forma parte del paquete de reformas impulsadas por el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger.
Desde los bloques que promueven la derogación de la ley aseguran que el esquema vigente presenta problemas técnicos y comerciales. Según argumentaron, el sistema basado en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) utiliza “umbrales móviles”, lo que —afirman— provoca distorsiones en la información nutricional.
Los legisladores sostuvieron que esos criterios no evalúan la cantidad absoluta de nutrientes presentes en un producto, sino la proporción respecto al total de calorías. En ese sentido, consideran que esto puede generar confusión en los consumidores y desalentar reformulaciones en la industria alimenticia.
También remarcaron que el sistema argentino dificulta la armonización comercial dentro del Mercosur. Según explicaron, cada país mantiene actualmente reglas diferentes para el etiquetado frontal, lo que obliga a las empresas a adaptar envases y líneas de producción para cada mercado.
Buscan un sistema regional unificado
La intención de la Casa Rosada es avanzar hacia un reglamento técnico común entre los países del Mercosur. El oficialismo sostiene que un esquema unificado permitiría reducir costos operativos y facilitar exportaciones dentro del bloque regional.
En los fundamentos del proyecto, los impulsores de la reforma señalaron que la coexistencia de distintos sistemas de etiquetado genera mayores gastos para las empresas, especialmente para las pymes exportadoras, y que esos costos terminan trasladándose al consumidor final.
Además, afirmaron que países como Brasil, Chile y Uruguay utilizan sistemas basados en cantidades absolutas de nutrientes por cada 100 gramos de producto, un modelo que consideran más claro para interpretar.
Qué establece la ley vigente sobre alimentos y publicidad
La actual Ley de Promoción de la Alimentación Saludable obliga a colocar sellos de advertencia en alimentos procesados y ultraprocesados que superen determinados límites de azúcar, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.
La normativa también exige advertencias especiales para productos con cafeína o edulcorantes y establece restricciones publicitarias. Entre ellas, prohíbe que los productos con sellos utilicen personajes infantiles, celebridades o animaciones en los envases, además de limitar su promoción dirigida a niños y su presencia en entornos escolares.
El oficialismo pretende avanzar primero con la derogación de la ley actual para luego debatir una nueva regulación adaptada a criterios regionales y comerciales del Mercosur.
