Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la administración de Javier Milei dispuso una ampliación del Presupuesto 2026 por más de 4 billones de pesos, que incluyó un incremento de las partidas destinadas a las universidades nacionales para avanzar en el cumplimiento de la cautelar judicial que obliga al Estado a aplicar parcialmente la Ley de Financiamiento Educativo.
La medida fue oficializada a través del Boletín Oficial y contempló una reasignación de recursos para distintos organismos nacionales. En el caso del programa Desarrollo de la Educación Superior, dependiente del Ministerio de Capital Humano, se destinaron 1,33 billones de pesos, de los cuales el 98% será transferido a las universidades nacionales y el resto se utilizará para financiar becas estudiantiles.
El refuerzo presupuestario será financiado íntegramente con recursos del Tesoro Nacional y generó expectativas entre las casas de altos estudios y los gremios docentes y no docentes, que aguardan el cumplimiento de la resolución judicial.
La cautelar que obliga al Gobierno
La decisión oficial se produjo luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el último recurso presentado por el Gobierno nacional y dejara firme la medida cautelar que ordenó aplicar parte de la Ley de Financiamiento Educativo.
La resolución judicial garantiza la actualización de los salarios de docentes y no docentes universitarios, además de asegurar los fondos para el sistema de becas.
Según estimaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la recomposición salarial pendiente ronda el 25%, considerando que los trabajadores universitarios ya recibieron un aumento acumulado del 21,3% acordado a fines de mayo y que otro 3% está previsto para octubre.
Los fondos no se distribuirán de inmediato
Pese a la ampliación presupuestaria, desde el Ejecutivo aclararon que la reasignación de partidas no implica una transferencia inmediata de los recursos a las universidades.
Fuentes oficiales señalaron que la incorporación de los créditos responde a la necesidad de contar con disponibilidad presupuestaria para cumplir con la cautelar judicial, aunque remarcaron que la distribución efectiva podrá concretarse en cualquier momento entre ahora y el 31 de diciembre.
De esta manera, el Gobierno reconoció que la medida constituye el “primer paso” para cumplir con la orden judicial, aunque evitó confirmar un cronograma para el envío de los fondos.
Más fondos para la SIDE y otros organismos
Además del incremento para las universidades, el DNU incluyó una ampliación de partidas para otros organismos del Estado.
Entre las principales asignaciones figura un refuerzo de 49.261 millones de pesos para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), una de las diez mayores ampliaciones contempladas en el decreto.
También se incrementaron los créditos del Poder Judicial, que recibirá 111.138 millones de pesos adicionales; el Ministerio Público, con 230.460 millones; el área de Salud, con 158.349 millones, y el Poder Legislativo, que contará con 89.422 millones extra.
Recortes en empresas públicas
La contrapartida de estas reasignaciones fue una reducción de partidas para empresas públicas.
El mayor recorte recayó sobre Energía Argentina S.A. (ENARSA), que perderá 238.395 millones de pesos en transferencias corrientes.
A su vez, Nucleoeléctrica Argentina (NASA) sufrirá una reducción de 65.000 millones de pesos en transferencias de capital.
Entre ambas empresas concentran una disminución de 303.395 millones de pesos, equivalente a casi el 87% del total de los recortes contemplados en el decreto.
