La tensión en Bolivia escaló al máximo este sábado, cuando el presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción en todo el país y ordenó la movilización de policías y militares.
La medida llegó después de más de seis semanas de protestas y bloqueos encabezados por indígenas aimaras y campesinos afines a Evo Morales, que reclaman la renuncia del mandatario.
El viernes, Paz había logrado un acuerdo con la poderosa Central Obrera Boliviana (COB) para intentar pacificar el país. Sin embargo, los indígenas de la Federación Túpac Katari y los cocaleros vinculados al expresidente Evo Morales decidieron mantener los cortes de rutas y endurecer la protesta.
El Gobierno denuncia un “intento de golpe de Estado”
En un mensaje transmitido por el canal estatal desde el Palacio de Gobierno, Paz anunció: “Hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional”.
“Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares“, afirmó en X.
El presidente justificó la medida ante lo que calificó como “un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”.
El gobierno de centroderecha, que asumió en noviembre tras dos décadas de poder de izquierda, acusa a Evo Morales de impulsar las manifestaciones y de financiarse con dinero del narcotráfico, aunque hasta ahora no presentó pruebas.
Morales, que está oculto en la región cocalera de Chapare para evitar una orden de captura por un caso de trata de menor que él niega, también rechazó cualquier vínculo con el narcotráfico.
El viernes, Paz había logrado un acuerdo con la poderosa Central Obrera Boliviana (COB) para intentar pacificar el país.
Un país paralizado por la crisis y los bloqueos
Las protestas comenzaron a principios de mayo, cuando obreros, campesinos e indígenas lanzaron una huelga y cortes de rutas para exigir soluciones a la crisis económica más grave en 40 años y rechazar la venta de gasolina de mala calidad, que generó malestar generalizado.
Con el correr de los días, la falta de acuerdos llevó a que todos los sectores exigieran la renuncia presidencial y los bloqueos se extendieran a todo el país. En La Paz y El Alto, la situación se volvió crítica: hubo enfrentamientos con la policía y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y combustibles.
Militares y policías, en las calles
Paz declaró que instruyó a la Policía Boliviana y a las Fuerzas Armadas a “ejecutar las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población”.
El decreto, publicado horas después en la Gaceta de Bolivia, tendrá una vigencia máxima de 90 días. Además, los ministerios de Gobierno y Defensa podrán restringir los derechos a la circulación, locomoción y reunión cuando lo consideren necesario. El Congreso deberá ratificar la medida en las próximas horas.
El acuerdo con la COB y el rechazo de los cocaleros
El decreto de excepción se firmó tras el acuerdo del viernes entre el Gobierno y la COB. Mario Argollo, líder sindical, anunció: “Desde este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional”. Además, destacó el compromiso del Gobierno de cumplir de inmediato lo pactado.
Paz celebró el acuerdo y afirmó: “El diálogo es más fuerte que la propia fuerza, no sobreviven los más fuertes, sobreviven los que se saben adaptar”.
Sin embargo, los sindicatos de campesinos y cocaleros rechazaron el pacto y anunciaron que los bloqueos —que ya suman medio centenar en todo el país— continuarán. “Se ha determinado radicalizar las piquetes de huelgas de carreteras”, advirtió el dirigente campesino Antonio Mallku.
Los cocaleros, en un comunicado, ratificaron que mantendrán la movilización y calificaron como “una traición la firma del convenio”.
Más de un centenar de detenidos y promesas de no privatizar
El Gobierno abrió la semana pasada un diálogo con Argollo y se formaron mesas de trabajo entre sindicalistas y ministros. Los acuerdos incluyen estudiar la liberación de los detenidos en marchas y bloqueos, que según la Defensoría del Pueblo ya superan el centenar. Además, la administración de Paz se comprometió a no privatizar empresas estatales, como reclamaban los sindicatos.
Mientras tanto, la tensión sigue en aumento y Bolivia permanece en vilo, con las calles militarizadas y la incertidumbre sobre el futuro político del país.
