La Superintendencia de Servicios de Salud intimó a cinco obras sociales a presentar un programa de regularización en 15 días, tras detectar graves incumplimientos contables, financieros y prestacionales. La medida oficializada busca garantizar la cobertura del Programa Médico Obligatorio a sus afiliados.
El Gobierno declaró en situación de crisis a cinco obras sociales, debido a que detectó incumplimientos en materia contable, financiera y prestacional. La Superintendencia de Servicios de Salud oficializó la medida este martes, a través de una serie de resoluciones que publicó en el Boletín Oficial.
Según la Superintendencia, las entidades deben presentar en 15 días un programa de regularización. La advertencia señaló incumplimientos vinculados al Programa Médico Obligatorio, a la documentación contable y al padrón de afiliados.
La decisión oficial se conoció luego de que el Gobierno eliminó un subsidio clave en transporte para personas con discapacidad, una medida que generó gran preocupación en el sector social y sanitario. Además, se informó sobre una multa que puede ascender a los $2.215.000, y que busca evitar irregularidades en el sistema de salud.
Las obras sociales involucradas
Las obras sociales que el Gobierno declaró en situación de crisis son las siguientes:
- Obra Social del Personal de la Actividad del Plástico (OSPAP).
- Obra Social del Personal de la Industria Ladrillera (OSPI).
- Obra Social del Personal de la Sanidad Argentina (OSPSA).
- Obra Social del Personal de Seguridad Comercial, Industrial e Investigaciones Privadas (OSPSIP).
- Obra Social de los Trabajadores de la Industria de la Construcción (OSPECON).
Para cada una de estas obras sociales, la Superintendencia de Servicios de Salud emitió resoluciones individuales. Estas resoluciones detallan los motivos específicos de la declaración de crisis, y establecen los plazos y requisitos para la presentación de los planes de regularización.
La Superintendencia subrayó que el objetivo de esta medida es proteger a los afiliados y garantizar que reciban las prestaciones médicas obligatorias. Las obras sociales deberán demostrar su capacidad para revertir la situación y cumplir con las normativas vigentes, para evitar sanciones mayores o la intervención de la entidad.
