El retiro voluntario en el INTA 2026 avanza como parte de un proceso de reestructuración del organismo, con un costo estimado de más de $101.700 millones y una adhesión proyectada del 20% de la planta de trabajadores. La iniciativa fue aprobada por el Consejo Directivo y ahora quedó a consideración del Ministerio de Economía para la asignación de fondos.
El esquema contempla la participación de alrededor de 950 agentes sobre una dotación total cercana a los 5750 empleados. Según se informó, el objetivo es adecuar la estructura del organismo a nuevas demandas tecnológicas y territoriales, en línea con los cambios que viene atravesando en los últimos meses.
La propuesta está dirigida al personal de planta permanente con al menos tres años de antigüedad y establece una gratificación extraordinaria equivalente a 1,5 veces la remuneración mensual por cada año de servicio, con topes según la edad.
Cómo será el esquema de adhesión
El programa de retiros voluntarios estará vigente entre el 4 y el 31 de mayo de 2026, con la posibilidad de extenderse por única vez durante 15 días. La adhesión implicará la desvinculación del organismo a partir del 15 de junio y la imposibilidad de reingresar al sector público nacional por un período de cinco años.
El pago de la gratificación se realizará en una única cuota dentro de los 30 días posteriores al cese laboral, conforme a la normativa fiscal y previsional vigente. Además, quienes cuenten con beneficios de guardería o maternal podrán mantener ese acceso hasta el cierre del ciclo lectivo.
De acuerdo con estimaciones internas, el costo de las gratificaciones para los agentes que se adhieran ascendería a unos $45.900 millones, mientras que el resto del monto total contempla actualizaciones salariales y partidas presupuestarias.
Cuestionamientos por la antigüedad
Uno de los puntos que generó preocupación entre los trabajadores es el criterio adoptado para calcular la antigüedad. El proyecto establece que no se computarán los años trabajados bajo modalidades no permanentes, como la planta transitoria o períodos como becarios.
Según fuentes del organismo, esta decisión podría afectar el nivel de adhesión al régimen, ya que reduce el monto final de la gratificación para quienes atravesaron esas modalidades laborales.
En ese contexto, circuló una versión sobre la posibilidad de que la Fundación ArgenINTA cubra la diferencia correspondiente a esos años no reconocidos, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre esa alternativa.
Estrategia oficial y contexto laboral
Desde el organismo señalaron que el régimen forma parte de una estrategia orientada a la renovación del capital humano y a la adecuación institucional frente a nuevos desafíos del sector agropecuario.
Sin embargo, en el ámbito laboral surgieron críticas. Desde gremios vinculados al INTA calificaron la medida como un “despido encubierto” y advirtieron que podría implicar un proceso de desmantelamiento del organismo.
A pesar de ello, indicaron que, en caso de avanzar el programa, buscarán que las condiciones resulten lo más favorables posible para los trabajadores que evalúan adherirse.
Antecedentes y negociación en curso
El debate actual también remite a antecedentes recientes. Según se recordó, el último programa de retiro voluntario implementado en el organismo, hace dos años, contempló la totalidad de la antigüedad, incluyendo períodos en modalidades no permanentes.
Ese punto reapareció en la discusión actual y será uno de los ejes de negociación en las instancias previas a la implementación definitiva del régimen.
Desde el entorno laboral señalaron que la decisión final de los empleados dependerá de las condiciones que finalmente se establezcan. “Si no resulta conveniente, el personal podría optar por no adherir”, indicaron.
Impacto presupuestario y próximos pasos
En paralelo, la Gerencia de Presupuesto y Finanzas inició gestiones para ampliar los créditos necesarios dentro del presupuesto 2026, con el objetivo de cubrir el costo total del programa.
El avance de la medida dependerá ahora de la aprobación de esos fondos por parte del Ministerio de Economía, lo que definirá la viabilidad del esquema en los términos planteados.
Mientras tanto, el proceso continúa generando expectativa tanto en el ámbito institucional como entre los trabajadores, en un contexto marcado por cambios estructurales en el organismo y el sector agropecuario.
