El expediente judicial que involucra a la conducción de la AFA atraviesa horas determinantes. En Catamarca, el juez federal Guillermo Díaz Martínez quedó en condiciones de resolver si ordena la detención de dos de los dirigentes más influyentes del fútbol argentino.
La medida alcanza al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, quienes aparecen mencionados en una investigación que apunta a presuntas maniobras de lavado de dinero. El pedido de detención fue impulsado por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón.
El planteo judicial no se limita a esas posibles detenciones. El fiscal también solicitó nuevas indagatorias, allanamientos y una inhibición general de bienes, en el marco de una causa que se abrió en diciembre pasado y que fue creciendo en volumen con el correr de los meses.
Según el expediente, el caso fue caratulado como “asociación ilícita agravada y lavado de activos”, lo que marca la gravedad de las sospechas. La investigación describe un entramado de operaciones que, de acuerdo a la acusación, habría utilizado empresas vinculadas a Toviggino para realizar movimientos irregulares.
En ese esquema, uno de los puntos que se analizan es la participación de firmas relacionadas con la AFA en el exterior. El escrito menciona a una empresa contratada para recaudar fondos fuera del país, que presuntamente habría desviado dinero hacia sociedades en Estados Unidos sin actividad ni personal registrado.
El documento judicial sostiene que se trataría de una estructura organizada con el objetivo de ocultar el origen de los fondos. Ese circuito, según la hipótesis fiscal, no solo comprometería recursos de la asociación sino que también impactaría en el orden económico general.
El alcance de la causa se amplía más allá del ámbito deportivo. En Santiago del Estero, la investigación detectó bienes que podrían estar vinculados a los implicados. Fuentes judiciales señalaron la existencia de 35 propiedades registradas a nombre de sociedades asociadas a Toviggino y su entorno.
Esa línea de análisis refuerza la hipótesis de una red que combina operaciones comerciales, vínculos personales y estructuras societarias. La Justicia intenta determinar si esos activos forman parte de un circuito de blanqueo o encubrimiento de fondos.
Mientras tanto, el proceso suma intervenciones en distintas jurisdicciones. Además del juzgado de Catamarca, también interviene el juez de Tucumán Guillermo Díaz, quien deberá pronunciarse sobre algunos planteos vinculados a la causa.
El foco ahora está puesto en la decisión que tome el magistrado en las próximas horas. De su resolución dependerá si la investigación da un paso más y pasa a una etapa con detenciones, o si continúa avanzando con otras medidas probatorias.
El caso, que involucra a figuras centrales del fútbol argentino, abre un escenario de incertidumbre institucional. Más allá de las definiciones judiciales, la causa ya instaló interrogantes sobre la gestión y los controles dentro de la estructura de la AFA.
