El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema con el objetivo de suspender la Ley de Financiamiento Universitario, una norma sancionada por el Congreso y posteriormente ratificada tras el veto presidencial. La medida busca frenar la aplicación de artículos centrales que, según el Ejecutivo, resultan de “imposible cumplimiento”.
La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro, a cargo de Sebastián Amerio, y apunta directamente contra los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. Estos establecen la recomposición salarial de docentes y no docentes universitarios, además de mecanismos de actualización automática y convocatoria a paritarias.
El recurso llega luego de un revés judicial para el Gobierno, tras el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que confirmó una medida cautelar y ordenó aplicar la norma, dejando sin efecto el decreto que intentaba congelarla.
El eje del conflicto: “falta de financiamiento”
Desde el Ejecutivo sostienen que la ley impone obligaciones de gasto sin establecer de dónde provendrán los recursos. Esta situación, aseguran, pone en riesgo el equilibrio fiscal, uno de los pilares del programa económico oficial.
En ese sentido, fueron categóricos al afirmar: “En ningún momento se previó dónde obtener esas partidas”. Para el Gobierno, este punto vuelve inviable la implementación de la norma en las condiciones actuales.
Además, remarcan que durante el tratamiento del Presupuesto 2026 el Congreso “podría haber previsto las partidas necesarias para garantizar su cumplimiento, pero esto no ocurrió”.
Críticas a la intervención judicial
Otro de los argumentos centrales del recurso es que la Justicia avanzó sobre atribuciones propias del Poder Ejecutivo. Según sostienen, la medida cautelar dictada equivale en la práctica a una sentencia definitiva.
Desde la Casa Rosada advirtieron que el fallo genera un “grave e irreparable perjuicio al Estado”, ya que obliga a ejecutar gastos sin respaldo presupuestario específico.
En este contexto, el Gobierno decidió escalar el conflicto al máximo tribunal, con la intención de frenar los efectos inmediatos de la resolución judicial.
Definición clave en la Corte Suprema
La disputa por la Ley de Financiamiento Universitario entra ahora en una etapa decisiva. Será la Corte Suprema la que determine si da lugar al planteo del Ejecutivo y suspende la aplicación de la norma.
Mientras tanto, el conflicto mantiene en tensión al sistema universitario, especialmente en lo vinculado a salarios y condiciones laborales.
