El Gobierno avanzó en la creación del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB), una base que centraliza por primera vez la información de todas las personas que reciben programas sociales a nivel nacional. La medida no solo apunta a ordenar un sistema históricamente fragmentado, sino que también se inscribe dentro de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, el nuevo esquema permitirá “contar con una base integrada, actualizada y trazable” de beneficiarios en todo el territorio. La herramienta se apoya en el Sistema Integrado de Información Social (SIIS), creado en 2024, que funciona como repositorio común de datos oficiales con el objetivo de consolidar información, monitorear la cobertura de los programas y analizar su distribución territorial con mayor precisión.
Según el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, el nuevo esquema permitirá “contar con una base integrada, actualizada y trazable” de beneficiarios en todo el territorio. La herramienta se apoya en el Sistema Integrado de Información Social (SIIS), creado en 2024, que funciona como repositorio común de datos oficiales con el objetivo de consolidar información, monitorear la cobertura de los programas y analizar su distribución territorial con mayor precisión.
Sin embargo, la integración de bases de datos sociales forma parte de los compromisos asumidos en el acuerdo con el FMI. En el staff report del organismo fechado el 1° de agosto de 2025, se mencionaba explícitamente la necesidad de avanzar en la unificación de registros sociales “para mejorar la focalización y la eficiencia del apoyo social”, en el marco del ajuste fiscal en curso.
De hecho, el propio programa establece como meta la integración de distintos conjuntos de datos sociales en un registro único que permita reforzar la focalización de la asistencia, reducir filtraciones y sostener el recorte del gasto sin desatender a los sectores más vulnerables.
Ámbito consultó al Ministerio de Capital Humano si el RIB se encontraba dentro de las exigencias del FMI, pero desde la cartera lo descartaron, pese a que el informe del organismo multilateral lo solicitaba en su apartado de “Propuesta de Indicadores Estructurales”.
Sobre una posibilidad de ajuste, el economista de CESO, Federico Zirulnik, se mostró escéptico a la posibilidad de “recorte” de prestaciones como estas. “En ningún lado hace explícito la posibilidad de ajustar la cantidad de beneficiarios, pero hablan de “mejorar” la eficiencia del gasto social”, afirmó el economista.
En ese sentido, señaló que “es difícil ajustar por el lado de la AUH. Me parece que no hay mucho margen. Y en pensiones por discapacidad ya se intentó y no bajaron mucho tampoco”. Los recortes que sí se observaron estuvieron vinculados a la reducción de prestaciones, como tratamientos que anteriormente eran cubiertos.
¿Cómo funciona el RIB?
El RIB incorpora herramientas de análisis basadas en inteligencia artificial para procesar grandes volúmenes de información, detectar superposiciones en los beneficios e identificar poblaciones que quedan fuera del sistema. Según el Gobierno, esto permitirá “optimizar la asignación de recursos” y mejorar el impacto de las políticas públicas.
El cruce de datos también habilita un monitoreo más fino de las trayectorias de los beneficiarios dentro del sistema de protección social, un punto clave en la lógica del FMI, que promueve esquemas más focalizados y con mayor control sobre la asignación del gasto.
Sin embargo, la centralización de información sensible reabre el debate sobre el uso y resguardo de los datos personales. La resolución establece que el tratamiento deberá ajustarse a la Ley 25.326, con garantías de confidencialidad y seguridad.
Fuente: Ámbito
