El fallecimiento del cabo Mauro Agustín Ponte, quien prestaba servicio en el Escuadrón 20 de Gendarmería Nacional, derivó en una denuncia penal que pone en el centro de la escena a instituciones de salud y al sistema de cobertura médica de las fuerzas federales.
El abogado de la familia, Sergio Herrera, confirmó que se presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía Federal contra el Hospital San Vicente de Paul, su personal de sanidad y la obra social IOSFA, por presuntas irregularidades que habrían derivado en la muerte del efectivo.
Según lo expuesto, se investiga un posible caso de mala praxis médica, así como también la falta de cobertura por parte de la obra social, que —de acuerdo a la denuncia— no habría garantizado la atención necesaria pese a los descuentos mensuales que se realizan a los efectivos.
Uno de los puntos más sensibles del caso tiene que ver con la atención recibida por Ponte. De acuerdo al relato del abogado, el cabo no habría sido internado por no contar con el dinero completo requerido, que ascendía a 300 mil pesos. Aunque su madre habría intentado enviar parte del monto, no se habría aceptado la modalidad de pago, lo que impidió su ingreso a una clínica.
En contraposición a la versión oficial brindada por autoridades hospitalarias, el letrado desmintió que el joven haya ingresado a terapia intensiva. Sostuvo que permaneció en la guardia del hospital, sobre una camilla en el pasillo, solicitando asistencia médica sin recibir la atención adecuada, hasta que finalmente falleció en ese lugar.
La familia cuenta con testimonios de compañeros del cabo, además de un audio que el propio Ponte habría enviado pidiendo ayuda y denunciando que no estaba siendo atendido.
En relación al origen de la enfermedad, se indicó que el cuadro sería compatible con hantavirus, teniendo en cuenta que el contagio habría ocurrido mientras realizaba tareas de patrullaje en zona de monte, considerada de riesgo.
Otro eje de la denuncia apunta a la ART, que habría enviado una carta documento a la familia rechazando la cobertura del caso, argumentando que el contagio se produjo fuera de servicio. Desde la representación legal consideran que se trata de una maniobra para evitar el pago de la indemnización correspondiente y adelantaron que se iniciarán acciones legales al respecto, incluyendo presentaciones por otros efectivos que habrían atravesado situaciones similares.
Por el momento, la causa se encuentra bajo carácter reservado, mientras la Justicia avanza con las medidas de prueba para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.
