Un grave caso de explotación infantil y reducción a la servidumbre salió a la luz en las últimas horas tras un operativo policial en un hogar que albergaba a menores en situación de vulnerabilidad en la provincia de Buenos Aires. La investigación apunta contra las responsables del hogar “Nido de Águila”, ubicado en la zona de La Capilla, en Florencio Varela.
El viernes pasado, efectivos de la Policía Bonaerense detuvieron a las dos mujeres que administraban el lugar, acusadas de someter a 13 chicos a condiciones de explotación, obligándolos a realizar trabajos físicos durante extensas jornadas y, según la denuncia, incluso privándolos de alimentos.
La causa está a cargo del fiscal Daniel Ichazo, titular de la UFI N.º 8 de Berazategui, quien investiga el delito de reducción a la servidumbre.
Trabajos forzados y jornadas extenuantes
De acuerdo con la investigación judicial, los niños que residían en el hogar eran obligados a realizar diversas tareas físicas que no correspondían a su edad ni a su condición de menores protegidos.
Entre las actividades que debían cumplir se encuentran trabajos de albañilería, corte de cañas con machetes para construir cercos y la recolección de excremento de animales. Según el expediente, los menores debían juntar en carretillas las heces de 31 perros y dos caballos, además de encargarse de la limpieza de la casa y del cuidado de los animales.
Un informe judicial señala que las tareas se extendían durante todo el día e incluso hasta la medianoche, muchas veces bajo la lluvia o a la intemperie.
“Estas tareas se extendían durante todo el día e incluso hasta la medianoche, aun con lluvia y a la intemperie. También eran privados de alimento, expulsados al exterior en jornadas de frío o durante la noche si se resistían”, sostiene el documento incorporado a la causa.
Según los investigadores, a los chicos también se les prohibía mantener contacto con vecinos o con cualquier persona ajena al lugar, y en algunos casos debían dormir junto a los perros del predio.
La denuncia que destapó el caso
El caso comenzó a investigarse tras la denuncia realizada por un adolescente que tiempo atrás había pasado por el hogar y que relató las condiciones de vida a las que eran sometidos los menores.
A partir de ese testimonio, intervino el área de Cibercrimen contra las Infancias y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Berazategui, encabezada por el subcomisario Matías Giménez.
Durante el allanamiento al predio, los investigadores secuestraron computadoras, teléfonos celulares y documentación, elementos que ahora serán analizados para determinar la dimensión de los hechos denunciados.Los 13 chicos presuntamente víctimas ya fueron identificados por las autoridades.
Sospechan encubrimiento de funcionarias públicas
En paralelo, la causa sumó un nuevo capítulo: la Justicia investiga un posible encubrimiento agravado por parte de funcionarias públicas.
De acuerdo con documentos incorporados al expediente, dos mujeres vinculadas al Servicio Zonal de Protección y Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de La Matanza habrían utilizado información interna para alertar a las responsables del hogar sobre inspecciones judiciales.
Según la acusación, una de ellas incluso habría enviado mensajes de WhatsApp a una de las detenidas para advertirle sobre el allanamiento que se realizaría el 26 de febrero, con el objetivo de que eliminara posibles pruebas y acondicionara el lugar.
Los investigadores sostienen que también se les habría informado el punto de encuentro de la reunión operativa previa al procedimiento y detalles sobre la presencia policial.
Sospechan que ocultaron a los chicos
Cuando finalmente se realizó el último allanamiento en el hogar, los investigadores solo encontraron a cuatro menores en el lugar.
La principal hipótesis es que, gracias a la información filtrada, las responsables del establecimiento habrían trasladado previamente a varios de los chicos para evitar que fueran detectados durante el operativo.
Los cuatro menores encontrados fueron reubicados en otros hogares de protección.
Las acusadas no declararon
Las dos mujeres detenidas ya fueron indagadas por el fiscal Ichazo, pero se negaron a declarar.
Mientras permanecen detenidas, sus abogados solicitaron la excarcelación, pedido que ahora deberá ser evaluado por la Justicia.
La investigación continúa para determinar si hubo más personas involucradas en el funcionamiento del hogar y en el presunto encubrimiento de las irregularidades.
