El problema no son los jóvenes: es un sistema que los habilita a elegir sin enseñarles de verdad cómo leer el poder, detectar la manipulación y distinguir entre un candidato y un producto de marketing.
En la Argentina se puede votar desde los 16 años en las elecciones nacionales, siempre que se cumplan los 16 hasta el día del comicio. Además, ese régimen rige para cargos nacionales, mientras que para cargos provinciales y municipales depende de la legislación de cada provincia. Y hay un dato nada menor: las sanciones por no votar recaen sobre electores mayores de 18 y menores de 70, de modo que entre los 16 y 17 años el derecho está abierto, pero el deber no pesa del mismo modo.
Hasta ahí, la ampliación de derechos suena moderna, inclusiva y hasta saludable. Y en parte lo es. Una democracia no debería tenerle miedo a la participación juvenil. Al contrario: tendría que celebrarla. El problema aparece cuando ese gesto de apertura se queda a mitad de camino. Porque una cosa es habilitar a un adolescente a meter una boleta en la urna; otra muy distinta es prepararlo para entender qué Estado está votando, qué intereses representa cada candidato, qué trampas trae la propaganda y qué distancia hay entre un discurso emocional en redes y un proyecto serio de gobierno.
Ahí es donde la discusión se vuelve incómoda. No por culpa de los chicos, sino por responsabilidad de los grandes.
La escuela secundaria argentina sigue enseñando ciudadanía, demasiadas veces, como si el país viviera en otro siglo. Se repasan próceres, fechas patrias, definiciones abstractas y esquemas institucionales de manual. Todo eso importa, claro que importa. Pero no alcanza. No alcanza en un tiempo en que un adolescente recibe más estímulos políticos en TikTok, Instagram, YouTube o WhatsApp en una semana que en meses de aula. No alcanza cuando la discusión pública está colonizada por consignas, recortes de video, frases diseñadas para incendiar emociones y campañas pensadas no para formar criterio, sino para capturar atención.
De nada sirve que un alumno sepa recitar quién fue Sarmiento si no puede detectar cuándo un candidato le miente en la cara. De nada sirve memorizar la división de poderes si después no sabe advertir cuándo un dirigente atropella una institución, desinforma a propósito o convierte la política en un show de gritos, marketing y fanatismos. La educación cívica del siglo XXI no puede limitarse a mirar el bronce. Tiene que enseñar a leer el presente.
Y lo más paradójico es que, en los papeles, el sistema educativo argentino sí contempla esa misión. La Ley de Educación Nacional ordena revisar y actualizar la estructura curricular de la secundaria y fijar núcleos de aprendizaje prioritarios comunes. A su vez, los lineamientos federales de Formación Ética y Ciudadana para secundaria prevén que la escuela promueva reflexión sobre medios, educación en medios, argumentación sobre la realidad social, cultural, económica y política, y análisis de los fenómenos de construcción y legitimación del poder, incluso en el presente. Es decir: la caja de herramientas formal existe. El problema es que demasiadas veces no baja al aula con la urgencia, la profundidad y la conexión con la realidad que harían falta.
Entonces el vacío lo llenan otros. Lo llenan los algoritmos. Lo llenan los influencers con bajada política encubierta. Lo llenan los ejércitos digitales. Lo llena la propaganda emocional. Lo llena la simplificación brutal. Lo llena la lógica de tribu. Y en ese terreno el adolescente queda expuesto a una maquinaria que no busca ciudadanos: busca adhesiones rápidas, reflejos condicionados, fidelidades instantáneas.
Por eso el debate de fondo no debería ser si los jóvenes de 16 están “a favor” o “en contra” de tal espacio político. Tampoco debería ser un sermón adulto contra las nuevas generaciones, como si el problema fuera una supuesta frivolidad juvenil. Sería injusto y además cómodo. Los chicos no nacen manipulables: los dejamos solos frente a un ecosistema de manipulación profesional. Les dimos pantalla, propaganda y voto, pero no les dimos en serio una alfabetización política para defenderse de esa intemperie.
La escuela tendría que ser justamente el lugar donde eso se corrija. El lugar donde se aprenda a comparar plataformas electorales, a distinguir una propuesta viable de una promesa delirante, a entender cómo funciona un presupuesto, qué hace un concejal, qué resuelve un legislador, qué puede y qué no puede hacer un presidente, por qué importan la Justicia, el Congreso, los organismos de control, la prensa libre y la transparencia. También tendría que ser el espacio donde se discuta la manipulación digital, la posverdad, el uso político del miedo, la construcción del enemigo y la manera en que las redes pueden convertir la mentira en tendencia antes de que la verdad se termine de vestir.
Porque votar no es un acto mágico. No convierte por sí solo a nadie en ciudadano consciente. La ciudadanía no nace en el cuarto oscuro: se forma mucho antes, en el aula, en la casa, en la conversación pública, en la calidad del ejemplo adulto. Un país serio no les pide a sus adolescentes que elijan a sus gobernantes sin haberles enseñado primero a reconocer a un demagogo, a un improvisado, a un autoritario o a un estafador electoral.
Y hay algo más grave todavía: hoy muchos jóvenes tienen voto, pero no voz real en el proceso político. Son destinatarios de campaña, no protagonistas de discusión. Los convocan para militar consignas, viralizar piezas, aplaudir actos o engordar estadísticas generacionales, pero rara vez se los incorpora de verdad a una formación ciudadana robusta, a debates de ideas, a instancias donde puedan preguntar, cuestionar, comparar y pensar sin bajada de línea. Se los quiere persuadir antes que educar. Seducir antes que formar. Reclutar antes que escuchar.
Eso degrada a la democracia. Y también degrada a la juventud.
Una república madura no puede conformarse con ampliar la edad del electorado y dar por cumplida la tarea. Eso es apenas el comienzo. La obligación real del Estado, de la escuela, de la dirigencia y también de las familias es mucho más exigente: formar ciudadanos capaces de pensar por cuenta propia. Porque un adolescente sin educación cívica contemporánea no es un joven empoderado: es un votante librado a la intemperie.
La democracia se defiende mejor cuando baja la manipulación, no solamente cuando baja la edad del voto. Y si la Argentina les da urna a los 16 pero no les da herramientas para entender lo que tienen enfrente, entonces no está ampliando ciudadanía: está fabricando electores vulnerables.
