Informa: Multimedios El Abaucán Digital
Un nuevo capítulo de fuerte impacto político sacude a Fiambalá. El Tribunal de Cuentas de la Provincia resolvió la instrucción de un Sumario Administrativo de Responsabilidad en el ámbito de la Municipalidad de Fiambalá, a fin de determinar eventuales responsabilidades de funcionarios y/o agentes intervinientes en observaciones formuladas sobre la Rendición de Cuentas correspondiente al segundo semestre de 2021.
La resolución, enmarcada en la Actuación Nº 62855 – Rendición de Cuentas Nº 1002/21, surge a partir de un informe del Área Auditoría General “A” del propio organismo de control, donde se detallan reparos vinculados a operaciones administrativas y financieras durante la gestión municipal encabezada por la ex intendenta Roxana Paulón.
Según se desprende del documento oficial, uno de los puntos observados refiere a una factura identificada como A 0013-00000001, correspondiente a la venta de mosto sulfatado por un monto total de $4.176.155,28. De acuerdo al informe técnico, solo se habría registrado un pago parcial de $2.131.137,52, quedando un saldo pendiente de $2.045.017,76 que, al momento de la auditoría, continuaría subsistente.
El Tribunal de Cuentas dispuso avanzar con un sumario para determinar si existió o no daño a la Hacienda Pública y establecer las responsabilidades administrativas que pudieran corresponder. Asimismo, se designará un funcionario sumariante con facultades para requerir informes, antecedentes y declaraciones a los organismos actuantes, en el marco de la normativa vigente.
En este contexto, cobra relevancia el rol que habrían tenido las autoridades del área económica durante el período auditado, particularmente la entonces Secretaria de Hacienda y Finanzas, CPN. Maira Páez, quien era la responsable técnica de la administración de los recursos municipales en ese tramo de gestión. Será el proceso administrativo el que determine si existieron incumplimientos formales, deficiencias en los controles internos o situaciones que pudieran derivar en responsabilidades patrimoniales.
La resolución también ordena notificar al actual intendente, al presidente del Concejo Deliberante y a la Dirección Provincial de Relaciones Municipales, lo que anticipa un posible debate institucional y político de alto voltaje en los próximos días.
Desde el punto de vista legal, la instrucción del sumario no implica una condena ni una determinación definitiva de responsabilidad, sino la apertura de un procedimiento administrativo tendiente a esclarecer los hechos observados por el órgano de control. Sin embargo, en el plano político, el impacto es significativo: la gestión anterior vuelve a quedar bajo la lupa por el manejo de fondos públicos y por la administración de recursos vinculados a operaciones comerciales de alto monto.
En una comunidad que aún debate el estado financiero en el que fue entregado el municipio, esta decisión del Tribunal de Cuentas reaviva cuestionamientos sobre los controles, la transparencia y la rendición de cuentas durante la administración anterior.
Ahora, será el desarrollo del sumario el que determine si las irregularidades detectadas configuran simples desprolijidades administrativas o si podrían derivar en responsabilidades más graves dentro del ámbito administrativo y eventualmente judicial. Mientras tanto, el escenario político local suma tensión y abre un nuevo frente de discusión sobre la herencia financiera que dejó la gestión saliente.
