El abogado penalista de Misiones se refirió al caso del soldado que se quitó la vida tras ser extorsionado y sostuvo que la comunicación de los internos debe estar regulada, pero no prohibida. Cuestionó el uso político del tema y afirmó que la mayoría de los detenidos no comete delitos con teléfonos.
Eduardo Paredes se pronunció sobre el debate en torno al uso de teléfonos celulares en las cárceles, tras conocerse que el soldado Rodrigo Gómez, de 21 años y oriundo de Gobernador Roca, se habría quitado la vida luego de ser víctima de una sextorsión organizada desde establecimientos penitenciarios.
“Yo creo que no se puede prohibir por la excepción. El tipo que está detenido tiene prohibición de locomoción, pero no de comunicación”, afirmó Paredes al ser consultado sobre los casos de extorsión que salieron a la luz en Buenos Aires.
El caso al que hizo referencia se conoció en diciembre pasado, cuando el joven militar, que integraba el equipo de custodia de la Quinta de Olivos, fue hallado sin vida. Con el avance de la investigación se determinó que habría sido víctima de una maniobra de sextorsión iniciada a través de una aplicación de citas.
Según se informó en una conferencia de prensa, el soldado mantuvo contacto virtual con quien creyó que era una joven, pero detrás del perfil operaba una banda integrada por internos alojados en dos penales. Tras el intercambio de imágenes, comenzaron las amenazas: le indicaron que la supuesta interlocutora era menor de edad y que se iniciaría una causa judicial en su contra. Luego se hicieron pasar por efectivos policiales y exigieron dinero para frenar el proceso. Hubo transferencias que rondaron los 600 mil pesos y los pedidos continuaron.
Para Paredes, estos hechos deben investigarse de manera puntual. “Hay tipos que usan el teléfono para estafar, pero la gran mayoría no, y no se legisla. Hay que determinar quién fue el que hizo eso, la tentativa de fraude, un fraude o si querés una extorsión”, señaló.
El penalista explicó que, tras la pandemia, la mayoría de los internos accede a teléfonos en horarios determinados y bajo control del servicio penitenciario. “En Buenos Aires y acá también tienen un horario para comunicarse, no es que tienen el teléfono todo el día”, indicó. Y agregó: “La mayoría de teléfonos los tiene el servicio penitenciario. Registra el número y en el horario que ellos tienen permitido, les entrega”.
En ese sentido, sostuvo que el acceso regulado a la comunicación contribuyó a disminuir conflictos intramuros. “Eso ha permitido especialmente en época de pandemia bajar mucho la tensión interna”, expresó, y remarcó el impacto que el encierro tiene también en el entorno familiar. “Lo que hace la cárcel es que no solamente el interno sino todos sufren”, dijo.
Frente a los planteos que proponen instalar inhibidores de señal en los penales, Paredes consideró que podrían evaluarse mecanismos técnicos, pero sin afectar el derecho a la comunicación: “Podés poner inhibidores siempre y cuando en el momento que ellos van a usar el teléfono, se les habilite”. No obstante, reiteró: “No se puede legislar por la excepción. Este fue uno o dos o habrán diez, pero son miles de presos. Entonces no se puede sancionar a todos por eso”.
El abogado también cuestionó lo que definió como una utilización política del tema. “Eso es un uso idiota de un hecho desgraciado”, sostuvo en relación a las críticas dirigidas a autoridades provinciales. Y añadió: “Es un uso político de los mismos sectores sobre el tema criminal. Porque lo que están haciendo es engañar a la gente. Se crea el temor social”.
Finalmente, Paredes vinculó la discusión con un problema de fondo. “La ley penal no lo va a resolver ni la policía. Hay estrategias para disminuir eso, pero son igual excepciones”, afirmó, al tiempo que insistió en que los hechos deben investigarse y sancionarse de manera individual, sin avanzar en prohibiciones generales que alcancen a toda la población carcelaria.
