Una mujer fue condenada a 18 años de prisión en la localidad bonaerense de Cabildo, partido de Bahía Blanca, por no haber denunciado los abusos sexuales que su pareja cometió contra su hija menor de edad durante más de una década.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último recurso presentado por la defensa y dejó firme la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal N°2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.
El caso se originó a partir de la denuncia de la joven, quien relató que su padrastro, un expolicía, abusó sexualmente de ella desde los 8 años hasta los 19.
Los hechos ocurrieron entre 2004 y 2015 en la casa familiar, donde convivían la víctima, su madre y el agresor, Justo Oscar Suárez. Cuando cumplió la mayoría de edad, decidió irse de su casa y lo denunció.
En 2017, la Justicia bahiense sentenció a Suárez a 23 años de cárcel por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y promoción de la corrupción de menores agravados. Murió en prisión tres años después, mientras cumplía la pena.
Durante el juicio por los abusos, la fiscalía solicitó que se investigara también a la madre, identificada como María Eugenia Barayazarra, a partir de los testimonios escuchados en el debate.
Según la acusación, la mujer nunca denunció los delitos pese a que su hija le contó lo que sufría en al menos tres oportunidades. En el juicio oral celebrado en 2022, la acusada admitió que le creyó a la joven y que llegó a ver a su pareja en la cama de la menor. Sin embargo, la joven aseguró que, cuando le había contado a su mamá, ella la trató de “loca”.
La condena
El tribunal valoró las declaraciones de otros familiares, de una empleada doméstica, del exesposo de la víctima y de profesionales que intervinieron en la causa. Con esos elementos, condenó a la mujer como partícipe necesaria por omisión en los delitos de abuso sexual con acceso carnal y promoción a la corrupción de menores, ambos agravados por la convivencia preexistente.
En 2023, el Tribunal de Casación Penal bonaerense declaró admisible el recurso de la defensa, pero lo rechazó al considerar acreditado que la mujer conocía los abusos.
Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires también desestimó el planteo. La defensa intentó entonces llegar a una queja ante la Corte Suprema de la Nación, donde cuestionó la valoración de la prueba y la falta de perspectiva de género en el proceso.
El máximo tribunal nacional rechazó el recurso por incumplimiento de los requisitos formales, sin analizar el fondo del asunto. Con esa decisión, la condena a 18 años de prisión quedó firme y la vía judicial se dio por cerrada.








