Esteban Lindor Alvarado, el capo narco rosarino preso en Ezeiza que cumple una condena a prisión perpetua, sigue ejerciendo desde la jefatura de la organización criminal desde la cárcel federal en la que se encuentra detenido. Esto es lo que determinaron los fiscales de la Procuradoría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) que llevaron a imputación este viernes a su hijo Santino y a otras diez personas, entre las que se encuentra el abogado Claudio Tavella, que habría sido clave para la comunicación interna de la banda.
La investigación del fiscal Matías Scilabra se inicia en marzo de 2023, tras el intento de fuga de su padre de Ezeiza. La maniobra había incluido la compra y preparación de un helicóptero en Paraguay, el traslado de la aeronave a Entre Ríos y la contratación de un piloto que iba a sacarlo desde el aire por el patio de la cárcel. Pero alguien filtró el dato a la justicia y el plan se desactivó antes de concretarse.
Desde ese momento, la PROCUNAR intervino teléfonos y siguió los movimientos de presuntos integrantes de la banda. Así, encontró evidencia de traslados de cocaína en avionetas desde Bolivia a través de Paraguay, la compra de al menos 13 vehículos para lavar dinero, gestíón de armas y municiones, viajes a España de Santino Alvarado y administración de varios depósitos de droga en Funes, Roldán y Granadero Baigorria, entre otros elementos con los que se llegó a la indagatoria ante el juez federal Carlos Vera Barros en los Tribunales Federales rosarinos.
El abogado que habría funcionado como enlace con Ezeiza
Uno de los nombres más importantes de la imputación es el de Claudio Tavella, abogado que ya había sido detenido en 2019 por su rol dentro de la estructura liderada por Alvarado. Aquella vez, había acordado un juicio abreviado que le significó una multa de 44 millones de pesos y una inhabilitación profesional por tres años. Terminado ese plazo, volvió a las andadas. Así al menos lo entendió la Procunar, que le adjudicó una función importante también ahora dentro de la banda.
Procunar encontró datos de una retribución mensual fija para Tavella, proveniente de los fondos de la banda narco. Pero eso no es todo: también aparece la utilización de su condición de abogado para obtener información sobre investigaciones en curso en el MPA.
Para la acusación, el abogado tuvo un papel clave para mantener conectados a Esteban Alvarado con el resto de los integrantes de la organización. Tavella retransmitía instrucciones del jefe narco a Santino y a María Fernanda Rojas, encargada de administrar las finanzas extramuros. También habría intervenido en la coordinación de cobranzas, reclamos a deudores y movimientos de dinero.
Procunar encontró datos de una retribución mensual fija para Tavella, proveniente de los fondos de la banda narco. Pero eso no es todo: también aparece la utilización de su condición de abogado para obtener información sobre investigaciones en curso en el MPA en las que aparecía mencionado Santino, e incluso habría consultado sobre expedientes que tenían secreto de sumario.
La administración del dinero y las cobranzas
María Fernanda Rojas aparece como la responsable de la administración financiera de la estructura. En las comunicaciones analizadas por los investigadores era mencionada con distintos nombres y apodos, entre ellos «Mari», «Maruca», «Mimi» y «la piba».
De acuerdo con la acusación, tenía a su cargo cobrar y custodiar el dinero proveniente de una cartera de préstamos a interés y de otros negocios que los integrantes denominaban «alquileres».
La investigación detectó al menos 82 llamadas entre María Fernanda Rojas y Esteban Alvarado entre junio de 2025 y octubre de 2026. Según la imputación, esas comunicaciones se realizaban mediante teléfonos de terceros o con la presencia de personas autorizadas, porque ella no tenía habilitación para mantener contacto directo con el detenido.
Las conversaciones incorporadas al expediente muestran instrucciones de Esteban Alvarado sobre el cobro de distintas deudas, la exigencia de cuotas y la presión sobre los morosos. En una comunicación de hace menos de dos meses, el 24 de septiembre pasado, el jefe le habría ordenado que no aflojara con los deudores: «No le bajes, volvelos locos a todos».
La mujer también habría sido el nexo financiero para pagar gastos y retribuciones de integrantes de la estructura. Entre ellos, una cuota mensual a una persona identificada como Agustina Nasca.
La investigación detectó, además, al menos 82 llamadas entre Rojas y Esteban Alvarado entre junio de 2025 y octubre de 2026. Según la imputación, esas comunicaciones se realizaban mediante teléfonos de terceros o con la presencia de personas autorizadas, porque ella no tenía habilitación para mantener contacto directo con el detenido.
El círculo de confianza de Santino: autos, armas y viajes al exterior
En el nivel operativo aparece un grupo de personas que, según la fiscalía, acompañaba permanentemente a Santino Alvarado, realizaba traslados, custodiaba sus movimientos y participaba en operaciones de aprovisionamiento y distribución de drogas.
Uno de los nombres destacados es el de Ignacio Matías Aranda, conocido como «Nacho». La imputación lo ubica como la persona de mayor confianza de Santino y le atribuye tareas de distribución de estupefacientes, adquisición y circulación de armas, administración de vehículos y funciones de chofer.
Aranda también habría sido el encargado de utilizar un departamento del condominio Pedro Ríos, identificado como la Unidad Funcional 34, que funcionaba como lugar de guarda y apoyo logístico.
Otro integrante señalado es Gino Cacciatore, conocido como «Tony» o «el gordo Tony». La investigación lo vincula con el local NC Motors, ubicado en Lavalle al 1250 de Rosario, y le atribuye tareas de custodia, traslados y participación en el circuito minorista de comercialización de drogas.
La nómina de colaboradores se completa con Alexis Leonardo Valda, Julián Ignacio González, Jeremías Eloy Toloza y Valentino Adrián Caicoya. Según la acusación, todos integraban el círculo de confianza de Santino y participaban de reuniones, viajes y movimientos de vehículos.
Una armería, una pistola Bersa y municiones
Uno de los episodios descriptos en el documento ocurrió el 5 de agosto de 2025. Ese día, Aranda habría entregado a Santino una bolsa negra de grandes dimensiones y un teléfono celular en una estación de servicio Shell de Funes.
Posteriormente, Aranda y Cacciatore se dirigieron hasta la armería Rapelli, donde permanecieron durante la adquisición de una pistola Bersa TPR9, identificada con el número de serie P00025, y municiones. La compra habría sido realizada por una persona identificada como Enrique Pelatti.
La imputación también incorpora conversaciones sobre la comercialización de municiones de distintos calibres, entre ellos 9 milímetros y .32. En otro intercambio, Aranda propuso acondicionar un arma «High Power» para venderla y obtener dinero.
En una de las comunicaciones analizadas, el propio Aranda habría mencionado que en el Fiat Cronos habían trasladado «50 kilos de merca, 50 kilos de flores, fusiles».
Además, en enero de 2025, Luis Daniel Palavecino intercambió con Santino un listado de armas, municiones y chalecos antibalas, y le pidió específicamente «2 FMK 3».
La flota de vehículos: 13 rodados y millones de pesos
Otro capítulo importante de la investigación es el referido al patrimonio de la organización. La fiscalía sostiene que Esteban Alvarado aportó dinero proveniente de actividades ilícitas para adquirir trece vehículos, que eran administrados principalmente por Santino y, en un caso, por Tavella.
La particularidad es que varios de esos rodados no estaban registrados a nombre de quienes realmente los utilizaban. La acusación describe una maniobra sistemática de interposición de terceros para ocultar a los verdaderos propietarios.
Entre los vehículos mencionados aparecen una Ford Ranger Raptor valuada en más de 43 millones de pesos, una Volkswagen Amarok V6 de más de 81 millones, una Toyota SW4 de casi 69 millones y una Volkswagen Nivus valuada en más de 38 millones de pesos, según los valores de referencia de la DNRPA incorporados al expediente.
También figuran varias Toyota Hilux, un Volkswagen Vento, un Fiat Cronos, un Volkswagen Gol Trend y una motocicleta Honda XRE300 Rally.
En algunos casos, la investigación reconstruyó cómo se utilizaban nombres de allegados para contratar seguros o registrar los vehículos. La Ford Ranger Raptor, por ejemplo, era utilizada por Santino, pero tenía un seguro contratado a nombre de Cacciatore. El Fiat Cronos fue utilizado por Santino y luego cedido a Aranda.
La Toyota SW4, por su parte, habría sido entregada por Santino a Toloza en septiembre de 2026. La fiscalía señala que este último no estaba inscripto ante ARCA ni registraba empleo, por lo que no tenía capacidad económica para afrontar una compra de casi 69 millones de pesos.
El nombre de un futbolista rosarino en un viaje a España
Uno de los detalles llamativos del expediente aparece al reconstruir los viajes internacionales de los integrantes del círculo de confianza de Alvarado. La investigación señala que Santino, Julián Ignacio González, Jeremías Toloza y Valentino Caicoya viajaron a España en octubre de 2024. Los pasajes, por un total de 5.637,20 dólares, habrían sido abonados con una tarjeta de débito emitida por el Islami Bank Bangladesh PLC, cuyo titular no pudo ser identificado.
Entre el 8 y el 10 de noviembre de ese año, Santino Alvarado y dos amigos se hospedaron en el Hotel San Pablo, de Sevilla. Lo llamativo es que la reserva figuraba a nombre del jugador rosarino Ezequiel “Chimy” Ávila, que hace poco volvió a la Argentina después de su paso de varios años por el fútbol español, contratado ahora por Independiente. La documentación judicial no le atribuye ninguna participación en la organización, ni sostiene que haya viajado con los imputados. Procunar sólo consignó que la reserva hotelera se realizó bajo ese nombre.
Los 430 kilos de cocaína que llegaron desde Bolivia
La investigación también reconstruye operaciones de narcotráfico de mayor escala. Una de las más importantes fue el intento de introducir al país alrededor de 430 kilos de cocaína desde Bolivia mediante vuelos irregulares.
Según la imputación, Esteban Alvarado habría organizado la operación desde la cárcel de Ezeiza, mientras que Santino mantenía las comunicaciones y coordinaba la recepción de la mercadería fuera del penal.
El plan fue frustrado el 10 de marzo de 2024, cuando la Policía de Paraguay interceptó una aeronave Cessna 206 en una pista clandestina de la localidad de San Juan Bautista, en el departamento de Misiones.
En el avión encontraron diez bolsas con cocaína. El pesaje definitivo estableció un total de 433,850 kilos.
Pero el expediente menciona una segunda operación, que habría tenido como objetivo ingresar otros 300 kilos de cocaína desde Bolivia. En este caso, la estructura habría contado con la intervención de proveedores bolivianos y personas encargadas de la logística aérea y de la recepción de la droga en territorio argentino.
La imputación sostiene que María Fernanda Rojas también intervino en esta maniobra, ya que habría sido la encargada de entregar el dinero de la operación a uno de los participantes.
El negocio de la marihuana y los puntos de venta en Rosario
La acusación también describe una operación para comprar aproximadamente cuatro kilos de marihuana en Córdoba por 5.425 dólares. Santino habría financiado la adquisición y fijado el precio, mientras que Palavecino y el abogado Martín Fabio Castillo se encargaban de negociar con los proveedores y verificar la mercadería.
En Rosario, la organización habría utilizado distintos inmuebles para guardar y distribuir estupefacientes. Uno de ellos era la Unidad Funcional 34 del condominio Pedro Ríos.
Otro punto de comercialización estaba ubicado en Pasaje Tehuelche al 2010, en Granadero Baigorria. Allí, durante un allanamiento realizado en noviembre de 2025, se secuestraron envoltorios con cocaína, una balanza de precisión y elementos utilizados para fraccionar la droga.
También se identificó como lugar de guarda, fraccionamiento y venta minorista una vivienda de calle Solís al 3100 de Rosario. En un procedimiento realizado en agosto de 2025 se encontraron 379 envoltorios con cocaína, ocultos en una yerbera ubicada sobre la mesada de la cocina.
La investigación sostiene que estos puntos de venta formaban parte de un circuito de abastecimiento coordinado desde la conducción operativa de Santino.
La imputación contra el hijo de Esteban Alvarado y los otros integrantes de la estructura expone, en definitiva, una organización que habría logrado mantener sus negocios durante años pese a que su principal jefe se encontraba detenido. Una estructura con ramificaciones financieras, logísticas y operativas, en la que las comunicaciones desde Ezeiza, los vehículos registrados a nombre de terceros y la distribución de tareas permitían sostener el funcionamiento de la banda.
