Las iniciativas, que tomaron Estado Parlamentario en la última sesión, integran un plan de gestión pública denominado “Que se quede en Catamarca”, con el que el legislador propone una hoja de ruta para el desarrollo minero provincial. El paquete contempla reglas para fortalecer la contratación de proveedores y trabajadores catamarqueños, herramientas para desarrollar pymes locales, transparencia en la información y mayores mecanismos de control legislativo. “No buscamos frenar las inversiones, queremos que la riqueza que genera la minería se traduzca en oportunidades concretas para los catamarqueños”, sostuvo.
En la sesión de este miércoles de la Cámara de Diputados, tomaron estado parlamentario, cinco proyectos de ley impulsados por el diputado provincial Mamerto Acuña, que conforman el plan integral de gestión pública “Que se quede en Catamarca”. Se trata de una propuesta que reúne cinco líneas de acción legislativa orientadas a establecer reglas, generar herramientas de desarrollo productivo y fortalecer los mecanismos de transparencia y control sobre la actividad minera, con el objetivo de garantizar que el crecimiento del sector tenga un impacto concreto en la economía provincial.
Las iniciativas surgen en un contexto de expansión de las inversiones mineras sin precedentes para Catamarca. Según los fundamentos del paquete, seis proyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) representan más de 4.700 millones de dólares atribuibles a la provincia. Sin embargo, Acuña advierte que el volumen de inversiones anunciado, no garantiza por sí mismo que las contrataciones, los puestos de trabajo y las oportunidades de desarrollo queden efectivamente en territorio catamarqueño.
En ese sentido, el legislador planteó la necesidad de pasar de los anuncios de inversión a políticas públicas que permitan medir, exigir y promover resultados concretos. “Catamarca no puede conformarse con ser el lugar donde se extraen los recursos mientras las oportunidades de trabajo, los contratos y el desarrollo empresarial terminan beneficiando a otras provincias”, es el planteo central que atraviesa las cinco iniciativas.
El primero de los proyectos, propone crear el Régimen Provincial de Proveedores y Empleo Minero Catamarqueño, considerado la columna vertebral del paquete. La iniciativa busca otorgar fuerza de ley al Registro de Proveedores de Empresas Mineras (Re.P.E.M.) y establecer que las empresas mineras contraten al menos el 70% de sus obras, bienes y servicios con proveedores inscriptos. Además, define condiciones concretas para considerar a una empresa como verdaderamente catamarqueña, entre ellas contar con establecimientos operativos en la provincia, tributar localmente, tener mayoría de socios catamarqueños y emplear al menos un 70% de personal provincial. También, establece prioridades para las empresas de los departamentos donde se desarrollan los emprendimientos y de las jurisdicciones vecinas.
La propuesta incorpora, para los proyectos que no se encuentran adheridos al RIGI, una obligación de integrar sus planteles con al menos un 70% de trabajadores catamarqueños, además de planes bienales de empleo y contratación, cronogramas públicos de compras y auditorías. Para los incumplimientos contempla sanciones económicas, aunque reconoce excepciones cuando las empresas acrediten que no existe oferta local disponible y que realizaron esfuerzos para desarrollarla. En cuanto a los proyectos adheridos al RIGI, el proyecto respeta la estabilidad comprometida por la Provincia mediante la Ley 5.863 y plantea mecanismos voluntarios de adhesión, con metas públicas e incentivos fiscales para aquellas empresas que alcancen determinados porcentajes de contratación y empleo local.
El segundo proyecto, propone la creación del Programa Provincial de Desarrollo de Proveedores Mineros Catamarqueños, orientado a fortalecer las pequeñas y medianas empresas de la provincia para que puedan competir en mejores condiciones por los contratos de la actividad minera. La iniciativa contempla diagnósticos empresariales gratuitos, aportes no reintegrables de hasta el 70% para financiar certificaciones de calidad, ambiente y seguridad, líneas de crédito con tasas bonificadas, capacitación junto a la Universidad Nacional de Catamarca y las escuelas técnicas, y herramientas para promover la asociatividad entre empresas locales. El financiamiento provendría de una suma equivalente al 3% de las regalías correspondientes a la Provincia, sin afectar los recursos que reciben departamentos y municipios, con una cuenta presupuestaria específica y rendiciones semestrales ante las comisiones legislativas correspondientes.
Acuña, sostiene que las regalías mineras deben convertirse también en una herramienta para construir una economía que pueda sostenerse más allá de la explotación de los recursos naturales. En esa línea, el objetivo es que las empresas catamarqueñas puedan desarrollar capacidades, generar empleo y consolidarse como proveedoras incluso cuando los proyectos mineros finalicen su actividad.
La tercera iniciativa, plantea la creación de una Ronda Anual de Negocios Minera de Catamarca, que obligaría al Estado provincial a organizar, al menos una vez por año, encuentros entre las compañías mineras y los proveedores locales. La sede sería alternada entre la Capital y los departamentos mineros, con participación de cámaras empresariales, sindicatos, universidades, escuelas técnicas y municipios. El proyecto establece que el Gobierno deberá publicar anticipadamente las necesidades de compra de las empresas y posteriormente informar a la Legislatura la cantidad de reuniones realizadas, los contratos concretados, los montos involucrados y los rubros en los que todavía no existe oferta provincial.
La iniciativa toma como referencia experiencias de otras jurisdicciones y busca evitar que las oportunidades comerciales vinculadas a los grandes proyectos mineros se canalicen exclusivamente a través de encuentros empresariales organizados fuera de Catamarca. Para el diputado, el Estado debe asumir un rol activo como articulador entre las inversiones que llegan y el entramado productivo provincial.
El cuarto proyecto, propone implementar un Tablero Público de Empleo y Compras Mineras, una herramienta de transparencia que permitiría conocer trimestralmente y por cada emprendimiento la cantidad de trabajadores empleados, su procedencia departamental, la participación de mujeres, los niveles de calificación y las contrataciones realizadas a proveedores catamarqueños. También se publicarían los compromisos de contratación local asumidos por los proyectos adheridos al RIGI.
La propuesta apunta a cubrir una de las principales falencias que, según Acuña, presenta actualmente el seguimiento de la actividad: la ausencia de información pública, sistematizada y accesible para conocer el verdadero impacto de la minería en el empleo y en las empresas de la provincia. El legislador recuerda que distintos pedidos de informe presentados anteriormente no obtuvieron respuestas claras y sostiene que buena parte de esos datos ya se encuentran en poder del Estado, por lo que el desafío es garantizar su publicación periódica y su acceso por parte de la ciudadanía.
Por último, el quinto proyecto propone fortalecer el funcionamiento de la Comisión Bicameral de Minería y Desarrollo, otorgándole mayores atribuciones para controlar y realizar un seguimiento integral de la actividad. La iniciativa contempla el análisis de los proyectos mineros y sus compromisos de inversión, el empleo y las contrataciones locales, las regalías, los fideicomisos, el uso del agua, las cuestiones ambientales, la seguridad laboral y el funcionamiento de empresas estatales vinculadas al sector, como CAMYEN e YMAD.
Entre las herramientas previstas, se incluyen informes semestrales obligatorios de los ministerios de Minería, Hacienda, Ambiente y Trabajo, audiencias públicas en los departamentos mineros, la posibilidad de solicitar auditorías al Tribunal de Cuentas y la presentación de informes en minoría. Asimismo, establece un plazo de treinta días para la constitución de la comisión y mantiene la presidencia en manos de la oposición, como garantía de un mecanismo de control legislativo independiente.
Al explicar el sentido político de la presentación, Acuña remarcó que las cinco iniciativas, no constituyen proyectos aislados, sino que forman parte de una misma estrategia para que la actividad minera genere beneficios sostenibles en Catamarca. El planteo articula cinco dimensiones, establecer reglas claras para las contrataciones, preparar a las empresas locales para competir, generar espacios de vinculación comercial, transparentar la información y fortalecer el control institucional.
“Queremos que cuando se hable de minería en Catamarca, no solamente se hable de millones de dólares de inversión, sino también de cuántas empresas catamarqueñas trabajan, cuántos puestos de empleo se generan para nuestra gente y cuánto de esa riqueza queda en nuestros departamentos”, es la definición que sintetiza el objetivo político del paquete.
El diputado también buscó despejar cualquier interpretación de que las propuestas pretenden obstaculizar las inversiones o modificar las condiciones de estabilidad de los proyectos adheridos al RIGI. Por el contrario, el esquema presentado contempla el respeto de los compromisos asumidos por la Provincia y propone mecanismos voluntarios de incentivos para promover mayores niveles de contratación local en esos emprendimientos.
