Hamburgo, 10 de noviembre de 2026. La República Argentina completó esta mañana su primera exposición ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en el marco de la primera jornada de audiencias por la solicitud de medidas provisionales contra el Reino Unido para impedir el avance de la explotación ilegítima de hidrocarburos en el área marítima de las Islas Malvinas. Durante su intervención, la delegación argentina desarrolló los fundamentos jurídicos de su reclamo y expuso la
urgencia de adoptar medidas que eviten daños irreversibles sobre losrecursos naturales
y el medio marino mientras se sustancia el arbitraje internacional. Esta tarde será el
turno del Reino Unido, que se negó a presentar sus argumentos por escrito antes de la audiencia, por lo que recién entonces se conocerán los fundamentos de su defensa.
Mañana continuará la segunda y última jornada de audiencias, con nuevas intervenciones de ambas partes.
Representación de las partes
La delegación argentina, que se encuentra trabajando en Hamburgo en el marco de la
misión oficial del caso, está compuesta por un equipo jurídico de primer nivel, integrad
por María Ibarzábal Murphy, Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Mario Oyarzábal, Consejero Legal de la Cancillería, en calidad de agente ante el Tribunal; la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, como co-agente; y los
reconocidos internacionalistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver, a cargo de la defensa
jurídica, acompañados por el asesor jurídico Agustín Giustiniani.
La representación nacional contó además con el respaldo y la presencia de funcionarios
de distintas áreas del Estado, entre ellos Juan Ignacio Stampalija, Secretario Legal y
Administrativo del Ministerio de Economía; Santiago Castro Videla, subprocurador del
Tesoro de la Nación; Mateo Trossero, de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia
de la Nación, Julián Rivanera y Juan Ignacio Goya, de la Procuración del Tesoro; y, por
Cancillería, Maite Fernández García, Alejandro Luppino, Juan Pablo Paniego, Juan Manuel Galindo Roldán, Laura Márquez, Pablo Alonso, Daniela Varela, Mariano Pagliettini y Facundo Rodríguez.
Por su parte, la delegación británica estuvo integrada por sus representantes legales
Sally Langrish y Paul McKell, junto con Ellie Reeves, Attorney General del Reino Unido,
cargo equivalente al principal asesor jurídico del Gobierno británico, y funcionarios del
gobierno kelper, entre ellos Simon Young, fiscal general de las Islas, y Jack Ford,
miembro de su Asamblea Legislativa.
Desarrollo de las audiencias
La primera ronda comenzó con la exposición de apertura de Mario Oyarzábal, quien
presentó los antecedentes de la controversia, los derechos argentinos comprometidos
y el objeto de las medidas solicitadas. A continuación, Marcelo Kohen desarrolló los
fundamentos jurídicos del reclamo y la competencia prima facie del tribunal arbitral,
mientras que Nico Schrijver abordó la urgencia de la intervención, el riesgo de daño
irreparable y las amenazas al medio marino. Oyarzábal cerró la presentación con las
conclusiones argentinas.
Los argumentos de la República Argentina
La Argentina sostuvo que el Reino Unido pretende disponer unilateralmente de recursos
naturales pertenecientes a un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa y cuyo
proceso de descolonización permanece pendiente ante las Naciones Unidas. El proyecto
Sea Lion contempla una explotación petrolera durante 35 años, con 23 pozos de
producción y nuevas etapas de desarrollo proyectadas. Desde 1965, la ONU reconoce
expresamente la existencia de la controversia de soberanía y exhorta a ambos países a
resolverla mediante negociaciones pacíficas. En particular, la Resolución 31/49 de la Asamblea General insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que introduzcan
modificaciones unilaterales mientras se desarrolla el proceso recomendado por
Naciones Unidas. La posición argentina sostiene firmemente que el Reino Unido no
puede negarse a negociarla soberanía y,simultáneamente, avanzarsobre la explotación
de los recursos del territorio en disputa. Nuestro país ha rechazado sistemáticamente
las licencias y decisiones unilaterales británicas y reiteró su disposición al diálogo en
agosto de este año, convocatoria que fue desestimada por Londres.
El segundo eje de la presentación se concentró en el carácter irreversible del daño que provocaría la explotación y la inminencia de la situación que justifica el pedido urgente
del cese de actividades. En palabras de Oyarzabal: “Lo que está en juego no puede ser
restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”.
La Argentina también advirtió sobre los riesgos ambientales concretos asociados al
proyecto: el propio plan de contingencia de una de las compañíasincluye la probabilidad de que un eventual derrame alcance aguas argentinas no disputadas en un plazo de 30
días. En ese escenario, nuestro país debería coordinar la respuesta y afrontar las
consecuencias de una actividad que no autorizó. La urgencia de las medidas solicitadas responde, precisamente, a la necesidad de impedir que el avance del proyecto produzca
un hecho consumado imposible de revertir mediante una sentencia posterior.
Ante una sala colmada de público, la Argentina completó la primera ronda de exposición de sus argumentos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con
una defensa jurídica sólida y contundente.
Durante esta tarde se conocerán las exposiciones de la delegación británica entre las
11 y las 14 horas de la Argentina. Mañana, miércoles 11, se celebrará la segunda ronda de exposiciones, primero de la Argentina, entre las 6:30 y las 8, y luego del Reino Unido,
entre las 13:30 y las 15.
